AL FIN, LISBOA

La bella y destartalada capital portuguesa acogió el 13 de diciembre de 2007 la firma del Tratado al que ha prestado su nombre, mediante el cuál se reformó a su vez el Tratado de la Unión Europea, pretendiendo cerrar con dicho acuerdo la importante crisis abierta por el fracaso del proceso de ratificación de la llamada Constitución Europea. En aquel momento, la zozobra causada por el resultado de los referéndums celebrados en Francia y Holanda, en la primavera de 2005, y el insalvable naufragio del proceso dirigido a simplificar y refundir el derecho primario de la UE en el Tratado Constitucional, inauguraron un periodo de crisis institucional sin precedentes en el proyecto comunitario, acompañado de una creciente apatía popular hacia los objetivos y realizaciones de la construcción europea. Como forma de superar la incertidumbre e introducir las reformas necesarias –sobre todo las concernientes a la arquitectura institucional de la UE- el Tratado de Lisboa recogió las modificaciones prioritarias, con menos alcance y ambición, pero en la misma línea que la non nata Constitución Europea.
La ratificación del Tratado de Lisboa tampoco ha estado exenta de sobresaltos, empezando por el resultado del primer referéndum en Irlanda y pasando por los devaneos de los presidentes de Polonia y República Checa, amparado este último en argumentos peregrinos que no esconden su estrecha visión. La explicación del tortuoso camino a Lisboa no es, sin embargo, sencilla, ni sirve quedarse en imputar responsabilidades a unos pocos por los problemas que afectan, de raíz, al proceso de perfeccionamiento y profundización de la integración europea.
Por un lado, la cesión efectiva de competencias de los Estados hacia la Unión tiene indudables consecuencias de índole constitucional, con lo que el encaje de esta transferencia de poder no siempre es sencillo. La primacía del derecho comunitario en los ámbitos competenciales atribuidos a la Unión ha acabado teniendo un impacto notable, y la producción normativa comunitaria se ha hecho intensísima, predeterminando también buena parte de los programas legislativos de los parlamentos estatales e incluso los de las regiones con competencia legislativa. Cada vez más, en consecuencia, la interdependencia entre los países de la Unión, y la fortaleza y facultades de las instituciones comunitarias afectan en la práctica (supuestamente sin cuestionar su fundamento teórico) a los presupuestos constitucionales de los Estados miembros, con las consiguientes tensiones que este proceso comporta.
Por otro lado, los avatares políticos en algunos países de la Unión, en un contexto de deterioro de la situación económica, han creado un clima propicio al recelo hacia la actuación del poder comunitario, creando el caldo de cultivo favorable a posiciones oportunistas, euroescépticas –o contrarias directamente a la UE- y a un renacido populismo, con reflejo no sólo en el apoyo a algunos partidos políticos de tendencia extremista o disgregadora, sino también en una más extendida e inquietante desconfianza hacia el proyecto comunitario de quienes, a pesar de la necesidad de actores globales, miran nuevamente a las causas nacionales como referencia.
Finalmente, el indudable déficit democrático de las instituciones europeas, que subsiste pese a los intentos de corrección, también influye. Por pura inercia política, pese a los intentos de crear contrapesos de orientación federal, el centro de gravedad aún continúa principalmente en la esfera intergubernamental, como veremos en el proceso que ahora se abrirá para la designación del futuro Presidente del Consejo Europeo y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Las facultades del Parlamento, aún incrementadas, siguen siendo insuficientes, por ejemplo en lo relativo a la iniciativa para la aprobación de actos legislativos. La sensación, extendida, de falta de control democrático a la actividad ordinaria de la Comisión, empezando por su enorme dinamismo regulador (muy superior al de los Gobiernos de los Estados) tiene bases objetivas, aunque se vayan mejorando mecanismos de responsabilidad política ante el Parlamento. Y, sobre todo, la falta de un demos europeo, que se pudiese estructurar suficientemente mediante la representación política, y que fuese el verdadero protagonista del proceso de integración, representa una dificultad de primer orden.
La previsible entrada en vigor del Tratado de Lisboa, su aplicación y desarrollo, ofrecerán, por lo tanto, una oportunidad para recuperar las expectativas de un nuevo impulso para el proyecto común de los europeos. No obstante, sólo desde una perspectiva ambiciosa y crítica –positiva, pero crítica- se podrá continuar avanzando en el proceso de integración, evitando que el fulgor de la esperanza europea se vuelva tenue y sombrío.

Publicado en Oviedo Diario, 31 de octubre de 2009.

MOSCAS A CAÑONAZOS

He seguido con gran interés el debate suscitado en los últimos días a raíz de la presentación, por parte del Equipo de Gobierno municipal, del Proyecto de Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, que se encuentra actualmente en tramitación en el Ayuntamiento de Oviedo, y que previsiblemente se aprobará merced a la mayoría absoluta con la que cuenta el Partido Popular en la Corporación, con pocos o ningún cambio sobre el texto propuesto. Sorprende en primer lugar, y puede ser un error de estrategia política de bulto, que el propio Gobierno local plantee esta cuestión de la forma en la que lo ha hecho, sacando a la luz sin debate ciudadano previo, sin una aparente justificación acreditada y dando por hecho su aprobación, un Proyecto de Ordenanza en el que predomina el carácter sancionador, y que desgrana –y castiga- diferentes conductas consideradas incívicas, aludiendo a una imperiosa necesidad de reprimir tales comportamientos como si la ciudad se encontrase enormemente acuciada por problemas de inseguridad y vandalismo. Pero lo cierto es que no parecía existir una intensa demanda social de una normativa como la sugerida, ni, por fortuna, los problemas de esa naturaleza son en la actualidad de la magnitud que nos han pintado, a pesar de episodios puntuales.
Hasta ahora, al menos, se puede presumir de que, en el conjunto de Asturias, y desde luego en Oviedo, se disfruta de unos niveles de seguridad razonables y de una adecuada convivencia, en términos generales, y es esa relativa tranquilidad, y el clima de tolerancia y respeto al que se asocia, uno de los activos más importantes con los que contamos. Claro que ésto no es gratuito, y que requiere un importante esfuerzo, empezando por garantizar una mínima cohesión social que impida que queden fuera de juego capas enteras de la población, y siguiendo por la necesaria reflexión sobre la importancia de preservar los derechos de los conciudadanos. Y claro que, en un contexto general de incremento de tensiones, de crisis económica y de fuerte tendencia individualista existen conductas incívicas e insolidarias y problemas de inseguridad que nos deben preocupar, y a los que hay que dar respuesta, también desde el punto de vista punitivo si es necesario. Pero, hoy por hoy, visto en conjunto, y sobre todo en comparación con otras ciudades, regiones y países, en Oviedo, antes de emprender a la ligera cualquier senda prohibicionista, tenemos que valorar positivamente el aceptable nivel de seguridad en el que vivimos.
El error, en el caso del Proyecto de Ordenanza del que hablamos, surge cuando, a determinadas pautas de comportamiento que generan molestias a terceros o que impiden el uso normal del espacio público, se responde de forma escasamente reflexiva, alimentando la espiral sancionadora y dando una respuesta eminentemente represiva, que además, como el propio Gobierno local reconoce, es importada de otras ciudades bien diferentes y cuya eficacia no está ni mucho menos contrastada. En primer lugar, se está transmitiendo a la sociedad un mensaje que puede ser equivocado, exaltando por sistema las políticas de mano dura, ante una realidad que no es tan crítica como para dar un tratamiento de excepción, y cuyos conflictos pueden además abordarse desde otras perspectivas. En segundo lugar, a la hora de identificar qué conductas merecen reproche y castigo, se aplica una visión profundamente conservadora, dirigida a esconder problemas sociales antes que a afrontarlos (mendicidad o prostitución, por ejemplo), o que directamente coloca en el disparadero algunas prácticas cuyo presunto perjuicio social es bastante discutible, tómese como ejemplo la pretendida prohibición del skate fuera de espacios autorizados, la limitación de juegos deportivos en la calle, la venta de clínex en un semáforo o incluso, en determinados casos (con todas las cautelas razonables), que un grupo de jóvenes se sienten en un parque a tomar unas copas, porque, y ésto aunque parece obvio hay que recordarlo, no todo el consumo de alcohol en la vía pública acaba en vomitonas, escándalos, suciedad y comas etílicos.
Quizá fuese necesario tipificar algunas conductas lesivas y sancionarlas, como hace el Proyecto de Ordenanza. Pero una regulación como ésta hubiera sido merecedora de un debate previo más amplio, con intervención de las asociaciones ciudadanas y voluntad de acuerdo social y político, y, sobre todo, con una visión mucho más amplia –educativa y de promoción del civismo- a la que el Ayuntamiento parece haber renunciado.

Publicado en Oviedo Diario, 10 de octubre de 2009.

LA ENCRUCIJADA DE LAS REFORMAS FISCALES

La crisis económica, el incremento del gasto público, el coste de los estímulos a la actividad, y el recorte de ingresos de la hacienda pública han puesto encima de la mesa, de forma abrupta e inaplazable, el debate sobre política fiscal, abierto en canal en las últimas semanas en el ámbito estatal y con réplicas en las Comunidades Autónomas; también en Asturias, donde, además, el debate sobre la orientación del gasto ocupará muchos esfuerzos en la determinación de los próximos Presupuestos Generales del Principado. Las circunstancias han hecho imprescindible abordar, a nivel estatal, algunas reformas tributarias que pretenden incrementar la recaudación, elevando ligeramente la presión fiscal y que, en el momento de redactar estas líneas, aún están por determinar en gran parte. Por lo pronto, a falta de la necesaria concreción que ponga fin a las conjeturas, se ha hablado de gravar más las rentas del capital y subir algunos impuestos indirectos; se ha recordado la necesidad de profundizar en la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales, además de otras consideraciones como analizar la tributación de las grandes fortunas, la utilización que éstas hacen de las SICAV (sociedades de inversión de capital variable) y otras formas dirigidas a pagar menos tributos, etc. Las urgencias del momento y la necesidad de contener la escalada del déficit público posiblemente impidan que el análisis que se efectúe cuente con el sosiego necesario para poder examinar, en perspectiva, el acierto o desacierto de las decisiones fiscales tomadas en los últimos años y la orientación que quiera adoptarse para el futuro
No obstante, una decisión fundamental, de carácter previo, sí se ha tomado, al situar el Gobierno estatal como prioridad el gasto para el mantenimiento de los servicios públicos y el pago de las prestaciones económicas que constituyen la red de sostenimiento para las capas más desfavorecidas ante las consecuencias más duras de la crisis. Esta opción, junto con la negativa a imponer sin acuerdo medidas de flexibilización del mercado laboral, marcan el carácter social de las políticas de respuesta a la crisis. De esta forma, pese a la virulencia de la recesión y las diferentes consecuencias que comporta, el hecho es que estamos atravesándola sin la aprobación, hasta el momento, de recortes de prestaciones y servicios, y sin deterioro –en la ley- de derechos sociales y laborales, lo cuál, tomando como referencia las medidas restrictivas adoptadas en otros periodos de crisis, no tiene parangón y merece ser destacado. En el caso del Principado de Asturias, en la misma línea camina el Gobierno autonómico, por cuanto se ha continuado con el fortalecimiento de políticas inclusivas (desarrollo del sistema de dependencia, salario social, etc.) y no se barajan retrocesos en el acceso y alcance de los servicios públicos.
La apuesta del Gobierno estatal cuenta con numerosos detractores, algunos de los cuáles plantean que, a la larga, puede resultar insostenible e incluso contraproducente esta decisión, porque algunas ineficiencias del mercado de trabajo, el elevado déficit y el incremento de la presión fiscal pueden retrasar la recuperación. Es una inquietud legítima y digna de ser sopesada; sin embargo el resultado de la orientación solidaria de la respuesta a la crisis tiene un aspecto indudablemente positivo, puesto que, pese a las importantes dificultades, no se ha resquebrajado la cohesión social ni se ha producido un incremento incontenible de la tensión laboral.
El carácter social de las respuestas a la crisis se pondrá nuevamente en juego a la hora de decidir qué tipo de reformas fiscales se emprenden. A lo largo de los últimos años, con la intención de corregir algunos desajustes e incentivar la actividad económica, se ha asistido a una tendencia generalizada, de la que han participado, cada una en su ámbito competencial, Estado y Comunidades Autónomas (en menor medida en el caso del Principado de Asturias, que ha sido más prudente en la regulación de ventajas fiscales), de reducción de determinados impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sociedades, Sucesiones y Donaciones, por ejemplo) y de incremento de impuestos indirectos y otros tributos, como las tasas, que no consideran las circunstancias económicas previas del contribuyente. El resultado ha sido una objetiva disminución de la progresividad del sistema, que ha perdido carácter reequilibrador, dejando a las prestaciones y servicios prácticamente todo el peso en la redistribución de la riqueza.
Ahora, en una coyuntura en que se plantea, por necesidad, acometer reformas fiscales –aunque sólo en el ámbito estatal-, y en un periodo en que se pretenden corregir algunos errores del pasado, cabe subrayar el papel que la política fiscal juega a la hora de reflejar un orden de prioridades políticas, puesto que el sistema tributario incide fuertemente no sólo en lo que el Estado ingresa, sino también en cómo –de forma más o menos justa- se distribuye esa carga entre los ciudadanos.

Publicado en Fusión Asturias, octubre de 2009.

DÍAS DECISIVOS EN HONDURAS

La audaz maniobra del depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, retornando al país de forma clandestina y obteniendo la protección de la embajada brasileña en Tegucigalpa, ha permitido que retornase a primera plana de los medios de comunicación de todo el mundo la crisis política e institucional que vive el país centroamericano. La sumisión de la actualidad informativa a lo inmediático había colocado en segundo plano durante las últimas semanas la situación hondureña, ante la relativa inacción de la comunidad internacional, de modo que, superada la zozobra inicial provocada por el golpe de Estado del 28 de junio pasado, y fracasados los intentos iniciales de restablecimiento de la normalidad democrática, se había comenzado a extender la sensación de afianzamiento del nuevo status quo, y, a la par, parecía haber minorado la preocupación por la ruptura del orden constitucional en aquel país.
Sin embargo, como suele suceder en estos casos, que no ocupase portadas en periódicos e informativos no significaba que los acontecimientos en Honduras no continuasen resultando preocupantes y dignos de mejor atención. En este sentido, y desde la perspectiva de nuestra tierra, es de interés el trabajo que ha desarrollado la Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras, promovida por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, y que realizó su misión sobre el territorio entre el 30 de julio y el 6 de agosto, entrevistándose con diferentes movimientos sociales y recibiendo informes de diversa procedencia sobre la espiral de represión que se originó (incrementándose hasta hacerse sistemática) desde el comienzo del golpe y la expulsión del presidente constitucional hondureño. Otras fuentes dan cuenta también de la aplicación de los viejos métodos del golpismo reaccionario, que se creía felizmente desterrado de la realidad latinoamericana: intimidación y hostigamiento a opositores, detenciones arbitrarias sin cargos ni juicio, censura de las voces críticas y persecución de la libertad de expresión, brutalidad y torturas a cargo de fuerzas militares y de seguridad, e incluso algunos casos de asesinatos y denuncias de desapariciones, al más puro estilo pinochetista o videliano. En definitiva, una crisis de derechos humanos de primer orden, y, lo que es preocupante, la reaparición del sistema dictatorial –con mayor o menor descaro- en la zona, rompiendo la positiva trayectoria que, en los últimos 20 años, había devuelto a América Latina a la estabilidad democrática (con la penosa excepción cubana) y, de la mano, al progreso económico e incluso a la incipiente lucha para superar las enormes desigualdades sociales que aún subsisten.
Es lamentable, por otra parte, que desde algunos ámbitos –y no pocos medios de comunicación- se haya tratado de explicar y casi justificar la usurpación del poder acontecida en Honduras, situando como contendientes, pero en el mismo plano de legitimidad, a gobernantes elegidos democráticamente, como los presidentes de Bolivia, Ecuador y, sobre todo, Venezuela, frente al golpismo representado por el presidente hondureño de facto, Roberto Micheletti. Puedo estar de acuerdo con algunas críticas hacia la deriva populista de lo que se ha venido en llamar el movimiento bolivariano, sobre todo en el caso de su líder regional, el presidente venezolano Hugo Chávez, cuyas veleidades autoritarias son conocidas. Pero, en estas circunstancias, como ya sucedió con el intento de abril de 2002 en Venezuela o con las maniobras desestabilizadoras en Bolivia, hemos vuelto a comprobar cuál es la única alternativa que los poderes fácticos articulan en su contra: la quiebra constitucional y el golpismo.
El capítulo histórico que se vive estos días en Honduras sólo puede, necesariamente, tener un final si se pretende afianzar el proceso democrático latinoamericano. En este caso, la presión de la comunidad internacional debe ser lo suficientemente eficaz, y lo suficientemente comprometida –siguiendo honrosas actitudes como la demostrada en este conflicto por el presidente brasileño- de modo que los esfuerzos de mediación vengan acompañados de la firmeza precisa que permita, sí o sí, el restablecimiento del proceso constitucional en Honduras.

Publicado en Oviedo Diario, 26 de septiembre de 2009.

DE PUÑOS Y SÍMBOLOS

Es curioso que el debate público haya tenido en los últimos días a los puños en alto de Rodiezmo como protagonistas, y a la vez como argumento para la crítica descarnada al Presidente del Gobierno, sometido a una nueva tormenta de descalificativos de toda clase en algunos medios de comunicación. Todo esto sucede cuando Zapatero lleva aceptando desde hace ya varios años la invitación para acudir a la campa leonesa, así que no hay novedad en su asistencia. Ahora ha sido objeto de atención, a diferencia de otras ocasiones, quizá porque los ánimos de los adversarios están aún más encrespados de lo habitual. La furibunda arremetida de comentaristas conservadores y representantes del PP contra los gestos de la izquierda –pañuelo rojo, puño en alto y canto de La Internacional socialista-, tiene una espesa carga de rabia bastante irracional, que proviene de cierta mala conciencia de la derecha, que en España viene de donde viene, y que nunca ha dado ni un milímetro de confianza a cualquier gobernante progresista (recordemos los habituales insultos a Felipe González, no hace tanto).
Lo primero que hay que recordar es que la Fiesta Minera Asturleonesa de Rodiezmo, que tiene ya una importante tradición y ha adquirido una notoria relevancia pública, no la organiza ni el Gobierno ni el PSOE, sino el sindicato UGT a través de su federación minera. Es un acto de defensa de un sector –la minería del carbón- y un territorio –las comarcas mineras de Asturias y León-, pero también es un evento de reivindicación sindical e ideológica, que pretende entroncar con la trayectoria histórica de lucha por los derechos de todos los trabajadores, combate que siempre requirió demostrar fuerza y tenacidad y que no se hizo –ni se hará- sólo con beatíficas apelaciones. En ese contexto, no debe extrañar la utilización de los símbolos tradicionales de los movimientos de los trabajadores, y no tiene que sorprender que se empleen con carácter conmemorativo y para recordar los ideales más elementales de los que se nutre la izquierda desde los albores del movimiento obrero: la igualdad y la solidaridad entre los trabajadores. Por otra parte, aunque se pretenda distorsionar la asistencia del Presidente, pintándolo como un radical ultraizquierdista por participar en este tipo de actos, se trata sólo de una caricatura interesada por los críticos, puesto que, como es sabido, no es la UGT un sindicato antisistema ni el PSOE un partido extremista; ambas son organizaciones de orientación socialdemócrata que han evolucionado con la sociedad –por eso tienen una elevada representatividad-, que han adaptado las respuestas sindicales y políticas, respectivamente, a las realidades con las que han tenido que bregar, sin renunciar a su historia (sin santificarla tampoco, admitiendo, en perspectiva, los errores) y tratando de hacer prevalecer legítima y democráticamente sus postulados en el debate de ideas y estrategias.
Personalmente, creo que, aunque a veces se abuse de los símbolos, y aunque no sea muy partidario de recrearse en éllos más de lo necesario, los emblemas juegan aún un papel del que no hay que desprenderse a las primeras de cambio. Además, no es equiparable la antigüedad de un símbolo con su supuesta inutilidad o la pérdida de su valor. Y en modo alguno me parecen tolerables las comparaciones hechas por los dirigentes del PP –esos que utilizan la palabra “sindicalista” como insulto-, entre los símbolos de la lucha obrera y los del fascismo. Por cierto que, si de hacer comparaciones se trata, prefiero que el Presidente abra el curso político en un acto sindical de discursos, fraternidad y tortilla de patata, que en una cena con VIPs demasiado aficionados a los bolsos de Vuitton y los trajes a medida.
Puedo entender que a los menos versados en el análisis político e histórico les llame la atención la utilización, en algunas circunstancias, de determinados símbolos. La inalterabilidad de éstos a veces permite cuestionarlos, pero esto no sólo sucede con himnos o gestos partidarios. Por poner un ejemplo palmario, La Marsellesa, que, más allá de su componente nacional, a no pocos evoca la pasión de quien se libera del yugo (y que dio pie a momentos cinematográficos inolvidables como su canto en el Rick´s Café de Casablanca), incluye entre sus estrofas llamamientos a que corra la sangre impura de los enemigos, inflamando al personal para la milicia. Así que, al igual que en París sustituyeron la guillotina por el obelisco egipcio y llamaron al cadalso Plaza de la Concordia, que no se asuste la CEOE, ni Rajoy, ni su primo escéptico porque en Rodiezmo se cante a favor de hundir el imperio burgués.

Publicado en Oviedo Diario, 12 de septiembre de 2009.

ALGO MÁS QUE FIESTAS DEL PUEBLO

Durante los meses de verano centenares de pueblos y parroquias de toda nuestra Comunidad celebran sus respectivas fiestas patronales, como bien nos muestra Fusión Asturias en el repaso al folklore y los atractivos turísticos que incluye mensualmente en el muestrario de los diferentes municipios. Las fiestas populares se concentran principalmente en la época estival al calor de prolongadas tradiciones (muchas de ellas relacionadas con el ciclo de las actividades productivas), acontecimientos históricos o invocaciones religiosas que no son ya eje fundamental de la actividad festiva, pero que dieron origen en su momento a la celebración distintiva de cada villa o aldea, y que ahora se rememoran.
Mucho han cambiado las cosas en las zonas rurales asturianas desde los tiempos en los que estas festividades representaban un evento de total referencia e identificación para los habitantes de las diferentes localidades, hasta el momento actual, en el que para muchos el vínculo con su respectiva patria chica –que las más veces es ya la de los padres o abuelos- tiene una naturaleza bien distinta a la de entonces. Nuestro mundo rural ha cambiado, en una o dos generaciones, a una velocidad bastante más rápida de lo que pensamos, bien porque ha quedado englobado en las áreas de influencia de los núcleos urbanos, bien porque ha conseguido superar con éxito las principales dificultades en el acceso a los servicios esenciales, o bien, en el peor de los casos, porque la evolución demográfica le ha restado población y, con ella, cierta vitalidad, aunque los estándares de vida sean ahora muy superiores a los de épocas relativamente recientes.
Hoy sin embargo, los pueblos de Asturias viven la extraña paradoja en la que, aun habiendo perdido el protagonismo en la definición primera de la realidad actual asturiana y, si se puede decir así, de su identidad, continúan captando una particular atención y desplegando un especial dinamismo en el mantenimiento de una tradición festiva que en las ciudades sólo pervive en algunos barrios –los menos- que conservan ciertos caracteres diferenciados (ya muy desdibujados). Esa actividad festiva ofrece, además, la mejor oportunidad para reunir en torno a sí a todos aquellos que en algún momento, sobre todo por las raíces familiares, y en muchos casos por recuerdos personales vinculados a su infancia, tuvieron en cada pueblo o aldea una parte importante de su código sentimental y de su identificación con un territorio.
Esta tarea, proseguida no sin importantes dificultades, es posible gracias al esfuerzo desinteresado de modestas sociedades de festejos y asociaciones culturales de lo más diverso, desperdigadas por el territorio, y que a veces, cuando las circunstancias son singularmente complicadas, se encuentran con problemas para asegurar su continuidad, inevitables intermitencias, limitados apoyos institucionales o escasos patrocinadores privados. Además, en muchas ocasiones, no por casualidad sino por expresión de un compromiso con lo colectivo, son los mismos que se esfuerzan en mantener viva la actividad festiva quienes, en otras facetas, sostienen el movimiento vecinal o las iniciativas culturales que demuestran el amplio y rico caudal de vida que sigue fluyendo en nuestro medio rural, a contracorriente.
A todos ellos, capaces de sostener una tradición y de reverdecer el vínculo histórico que muchos de nosotros –urbanitas ya irredimibles e irremediables- tenemos con el pasado rural de Asturias y sus pueblos y aldeas, les debemos sincera gratitud y merecido homenaje.

Publicado en Fusión Asturias, septiembre de 2009.

LA PRIORIDAD AHORA ES CRECER

En el momento de escribir estas líneas se ultima el acuerdo para la reforma del modelo de financiación autonómica, que previsiblemente obtendrá el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas. El vivo debate, que se ha prolongado –en exceso- durante más de un año, quedará en buena parte zanjado, al menos en principio y aún con voces discrepantes, pero parece que con el respaldo necesario al nuevo modelo para que pueda quedar reflejado en la inminente reforma de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que tendrá que ser tramitada y aprobada en las Cortes Generales.
A punto de ser superada la parte más difícil de este proceso –el acuerdo entre el Estado y por lo menos una mayoría de las Comunidades Autónomas-, cabe apreciar, en primer lugar, que no se ha alcanzado aún la madurez necesaria en el sistema de toma de decisiones que debe ser propio de un Estado compuesto como la España de las Autonomías. A esta constatación contribuye el hecho de que el debate haya permanecido abierto durante un tiempo tan prolongado, el importante coste de oportunidad -en términos políticos- de la discusión, y la sensación, ampliamente difundida, de que la presión de algunas Comunidades Autónomas ha sido tan determinante que ha erosionado la dinámica de multilateralidad, causando mella en la confianza y colaboración mutua que debe presidir la relación entre el Estado y las Comunidades, y a su vez entre éstas.
En segundo término, pese a que el margen de análisis es amplio, y los diferentes responsables autonómicos vienen realizando una valoración dispar en función de los respectivos intereses territoriales a los que se deben, las informaciones ofrecidas respecto al nuevo modelo sí permiten concluir que éste se corresponde en gran medida con el grado de desarrollo actual del proceso autonómico. A la mayor capacidad de decisión sobre el haz de competencias que tiene atribuidas cada Comunidad Autónoma se acompaña una mayor dependencia sobre los recursos económicos que es capaz de generar cada territorio. En coherencia con esta lógica, en el nuevo modelo se estima que hasta el 90% de los ingresos de las Comunidades Autónomas procederá de los tributos propios y, sobre todo, de los tributos estatales cedidos, íntegra o parcialmente, planteándose en estos últimos, de importante capacidad recaudatoria, un significativo incremento el porcentaje de cesión (del 33% al 50% en el IRPF, del 35% al 50% en el IVA y del 40% al 58% en los impuestos especiales). Es cierto que una parte importante de lo recaudado por la Administración tributaria estatal en las Comunidades Autónomas nutrirá los fondos que estructuran el conjunto del sistema: fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, fondo de suficiencia global, fondo de cooperación y fondo de competitividad. Además estos fondos se han diseñado teniendo en cuenta las diferentes realidades a las que atender, considerando de forma destacada en el fondo de garantía de servicios factores como la población escolar, el envejecimiento, la superficie, la dispersión o la insularidad. Pero el resultado, en suma, es indicativo de la tendencia: a la larga los ingresos de cada Comunidad Autónoma dependerán en mayor medida, respecto a la situación precedente, de la riqueza que se genere en su propio territorio.
Esta constatación debe ponernos sobre alerta en Asturias. En los últimos años, y sobre todo desde que nuestra Comunidad Autónoma es titular de las competencias más decisivas en materia de educación, sanidad y servicios sociales, se ha configurado un modelo propio de políticas públicas que merece especial consideración. La red de infraestructuras y servicios puestos a disposición de los ciudadanos para garantizar su protección es la nota predominante de las realizaciones de este periodo; la cohesión social ha sido, probablemente, el principal objetivo que han perseguido tanto la Administración autonómica como la mayoría de ayuntamientos. Efectivamente, visto en perspectiva, se han conseguido unos estándares de calidad de vida y dignidad material bastante apreciables, superiores a la media estatal en muchos aspectos, y desde luego mucho mejores que los de otros momentos históricos. Sin embargo, el menor dinamismo económico de Asturias, en parte corregido en la última década pero que aún se deja sentir –más en época de crisis-, en un escenario en el que cada Comunidad dependerá más de sí misma y menos del conjunto, puede provocar profundos problemas de sostenibilidad de nuestro modelo de políticas públicas a corto o medio plazo. Por eso, definidas en lo esencial las reglas del juego para los próximos años, corresponde situar como prioridad de referencia el impulso de la actividad económica, con todas las medidas posibles: promoción empresarial, política fiscal –con la prudencia necesaria-, incentivos a la actividad, infraestructuras que permitan el mejor asentamiento del tejido productivo, etc. Sólo incrementando sustancialmente nuestras tasas de actividad y potenciando la iniciativa económica podremos plantearnos seriamente el mantenimiento y mejora de nuestro desarrollado modelo de servicios públicos.

Publicado en Fusión Asturias, agosto de 2009.

VERANO ABUNDANTE

La proximidad de agosto va introduciendo, en los últimos días, una suerte de ansiedad reconocible en todos aquellos sometidos a la disciplina del trabajo y que ya vislumbran las vacaciones al alcance de la mano. Con el paso de los años uno, por muy hecho que esté a las rutinas profesionales, y por muy adicto que se haya vuelto a la actividad laboral –como autómata, cumplidor o entusiasta, o las tres cosas a la vez-, no puede dejar de sustraerse a esa creciente inquietud que anuncia la cercana liberación de horarios y la disponibilidad de algo de tiempo para uno mismo. La corriente del entorno, que va desbordando conforme transcurre el mes de julio, acaba arrastrando a la ensoñación al más firme cuando ve turistas camino de la playa o de visita a este o a aquel monumento. En Oviedo, además, el avance de la estación se nota enseguida, regalándote algunos placeres: hay sitio en el autobús, menos tráfico y de vez en cuando puedes atrapar una brizna de silencio; por el contrario, y de esto ya hemos hablado varias veces, si lo que quieres es algún aliciente cultural ya puedes ir haciendo las maletas o coger el tren de cercanías, como todos acabamos haciendo algunos fines de semana para calmar el apetito estético.
De críos, en los felices veranos en el pueblo, cuando finalizaba el Tour de Francia -Perico casi ganaba- y ya estaba a medio construir la cabaña en el castaño, era síntoma de que pasábamos a la segunda parte de las vacaciones, y a partir del 1 de agosto no se podía evitar iniciar la temida cuenta atrás para el retorno a la ciudad y los quehaceres cotidianos. Hoy daríamos muchas cosas por disponer de aquellos días y volver a la vida de escolares, alejada de preocupaciones sustanciales y plagada de largas vacaciones. Todo es fugaz y apenas se termina de pestañear han pasado años y edades y cualquier posibilidad de contar con varias semanas encadenadas de descanso es un mero espejismo, que en el fondo no creemos merecer; de hecho, al segundo lunes quizá no sabríamos qué hacer con las horas sueltas, tales son las bridas que, al descuido, nos hemos dejado poner.
Sin embargo, sigue habiendo un potencial emancipador por descubrir en el tiempo de vacaciones, por corto que éste nos parezca. Una tregua que permite enterrar costumbres y dar paso a otras, construir los días con la posibilidad de hacer lo que nos de por la gana -que dicen en Pravia-, estar en comunión con el mar o con el sendero, convivir un poco con aquellas personas con las que a veces cohabitamos más que otra cosa, aprender a ritmos diferentes, en definitiva. El problema es que el efecto liberador es limitado, claro, y se apaga apenas lo ahogamos con la inercia de lo accesorio o con la felicidad enlatada que nos dejamos vender a la primera de cambio, convirtiendo los días de evasión en un tiempo prefabricado, uno más (por cierto, señores de las agencias de viaje, no insistan: jamás iré de crucero).
Les invito por lo tanto a que en sus días de vacaciones traten de sacudirse la hojarasca y las convenciones que aturden, adormecen, y nos impiden disponer de nosotros mismos. Por mi parte, intentaré infructuosamente hacer lo propio. A la vuelta nos podremos contar, en confidencia, en qué tarde de agosto, frente al, en versos de Neruda “verano abundante / carro de manzanas maduras / boca de fresa en la verdura / labios de ciruela salvaje” casi casi desconectamos.

Publicado en Oviedo Diario, 25 de julio de 2009.

BAJO MÍNIMOS

Desde el inicio del actual mandato municipal, la actividad del Ayuntamiento de Oviedo en materia de cultura y festejos viene experimentando un vertiginoso descenso a los infiernos del aburrimiento, la pérdida de referencias y el deterioro de la programación en todos los ámbitos. Ciertamente la política desarrollada por el Partido Popular en este ámbito nunca se ha caracterizado, en el largo –ya larguísimo- periodo de gobierno de Gabino de Lorenzo por su carácter innovador y abierto a nuevas tendencias. Pero sí cabía reconocer ciertos intentos –a la postre fallidos- de orientar las actuaciones municipales en nuevos caminos, abriendo algunas ventanas a manifestaciones culturales diferentes a las acostumbradas en la programación local. En esa clave podremos encuadrar la organización de macroconciertos a principios de los 90, francamente deficitarios en lo económico pero que, echando la vista atrás (como se ha recordado estos días con el prematuro fallecimiento de Michael Jackson), se agradecen en la memoria colectiva musical de la ciudad; la recuperación del Festival de Jazz entre 2004 y 2006, retomando la exitosa experiencia de los 80; la popularización de la música clásica con iniciativas como el Festival de Verano, convirtiendo espacios emblemáticos de la ciudad en salas de concierto; o incluso el acercamiento a las artes plásticas y visuales que representó en su momento el Encuentro Internacional de Arte Diáspora. Sin embargo, a las primeras de cambio, demostrando el gusto volátil y la incapacidad de trabajar a medio plazo de la que hace gala el Alcalde y su equipo de gobierno, todos estos intentos han pasado a la pequeña historia de nuestra ciudad sin enlazar con nuevas programaciones, sin construir base alguna para una política cultural con elementos de identificación novedosos y, sobre todo, privando a un número muy importante de ovetenses –y visitantes- de una programación plural que atienda diferentes inquietudes. Incluso otras actividades de referencia provenientes de más atrás (por ejemplo, la Bienal de Arte), fueron abandonadas por el gobierno municipal, que además, entre tanto, ha sido incapaz de reconocer y favorecer los movimientos creativos que en algún momento han tenido cierta fuerza en la ciudad, dando vida donde la iniciativa institucional está ausente, como ha sucedido, por ejemplo, con la actividad musical asociada principalmente a la gente joven, lastrada por las enormes limitaciones a las actuaciones musicales en vivo o el estrangulamiento de “templos” locales del directo como La Santa Sebe. Por cierto, idéntica dinámica de acoso municipal se cierne sobre los chiringuitos de San Mateo, pese a que sostienen el alma festiva y callejera, y pese a que este año serán prácticamente el único aliciente al reducirse drásticamente los conciertos en la Plaza de la Catedral y suprimirse los de las pistas de San Lázaro.
A cambio, salvando los esporádicos intentos de corto recorrido antes citados (anulados antes de su consolidación o sin continuidad posterior), la política cultural local sí ha seguido dos líneas claras, marca de la casa. La primera, tremendamente discutible, es la implantación del personal e intransferible gusto del Alcalde en lo que, pomposamente, los suyos llaman “museo al aire al libre” al referirse a las innumerables esculturas antropomorfas que han colocado saturando el espacio urbano (siguiendo la “estética de la usurpación”, en palabras de Ánxel Nava) al tiempo que la escultura de Fernando Alba sigue arrumbada a saber dónde. La segunda, más reconocida, es la apuesta por la música clásica -estrategia ahora parcialmente en cuestión con la supresión del Festival de Verano- y la lírica, con la temporada de ópera (mérito más de la Asociación de Amigos de la Ópera que del Ayuntamiento) y el Festival de Zarzuela. Aceptando la potencia de la ciudad en estos ámbitos, hay que constatar, sin embargo, que poco más se puede crecer en esta línea, y que apostarlo todo a esta carta ha provocado un enorme y creciente desequilibrio de la programación cultural local, francamente deficiente en materia de teatro, danza, otras expresiones musicales, artes plásticas, creación de vanguardia, actividades literarias (¡siendo la ciudad de Clarín, Pérez de Ayala y Ángel González!), etc.
Así las cosas, con buena parte del público local condenado a la emigración cultural a la búsqueda en otras latitudes de programaciones y actividades que en Oviedo no encuentra ni por asomo, lo peor es constatar que el equipo de gobierno no sólo no tiene la más mínima intención de dar un giro a su política cultural, sino que, con algunas de sus últimas decisiones, ni siquiera es capaz de cuidar aquéllos aspectos en los que, en el pasado, tuvo algunas buenas ideas.

Publicado en Oviedo Diario, 11 de julio de 2009.