AUTOGOBIERNO, CIUDADANÍA Y PERTENENCIA

Desde una perspectiva progresista, suele decirse, y en esencia lo comparto, que el autogobierno se justifica ante todo por la mayor eficacia asociada al acercamiento de los centros de decisión al espacio en el que tienen lugar los efectos de las políticas públicas. De este modo, si no se pierde la perspectiva general y se actúa de forma coordinada con estructuras institucionales de ámbito territorial más amplio, puede trasladarse mejor a los criterios de distribución del poder el lema elemental “piensa globalmente, actúa localmente”. Se añade a este argumento utilitarista el hecho de que la cercanía entre representantes y representados favorece un control más intenso que ofrece como resultado la profundización en la calidad y eficacia del sistema democrático; afirmación que creo igualmente cierta, aunque no conviene esconder, para permanecer alerta, que, a veces, si es demasiado estrecha la relación entre actores locales (responsables públicos, intereses económicos o sociales, etc.), o si el demos se compartimenta y delimita en exceso, pueden acrecentarse los riesgos de ensimismamiento o de despliegue de sistemas de tergiversación o dominio sobre la opinión pública. Aún así, pese a las reservas que razonablemente se quieran manifestar, en la discusión teórica –y habitualmente en la plasmación práctica, y no sólo en España-, se demuestra la eficiencia y mejor gestión de soluciones que vienen de la mano del autogobierno, en comparación con las formas de gestión centralista. Pedro de Silva, presidente del Principado de Asturias que, en momentos decisivos para el inicio y consolidación de nuestra Comunidad Autónoma manejó una concepción consciente y marcadamente autonomista, aludía al reto de “demostrar que el autogobierno sirve para resolver los problemas reales de Asturias” (conferencia “Asturias, la construcción de una Autonomía” pronunciada el 1 de abril de 1986), y hoy, en buena medida, sin obviar los importantes problemas que se plantean, especialmente en tiempos de crisis, puede afirmarse que esa demostración se produce día a día.
El éxito del autogobierno, en resumen, se fundamenta principalmente, y así es preferible, en bases estrictamente racionales. Pero esto en modo alguno es contradictorio con la constatación de que el grado de interiorización del autogobierno, el apego a las instituciones propias, y sobre todo, la implicación individual en el proyecto compartido que significa “la construcción de una Autonomía” –proceso dinámico e inconcluso-, incide en el dinamismo social, político y económico que cada vez será más decisivo para mantener y acrecentar el desarrollo de la comunidad. En las formas de gobierno democráticas cada individuo puede en buena medida influir sobre los destinos de la colectividad, no sólo en la elección de sus gobernantes sino, de forma más cotidiana, al determinar su grado de compromiso con el conjunto social. En el caso de los sistemas territoriales descentralizados y abiertos, como el del Estado de las Autonomías, en el que se tiende a dejar en manos de cada comunidad la definición de buena parte de las políticas y de los objetivos que se pretenden alcanzar, resultará aún más relevante ese especial compromiso responsable con el progreso común. De esta manera, estarán mejor preparadas para afrontar la profundización en el autogobierno propia de la fase de desarrollo autonómico actual aquellas comunidades en las que el lazo que une al ciudadano con su comunidad se forme con la convicción de un destino en buena parte común (difícilmente a uno le ira bien si el entorno cercano flaquea), con el aprecio por la tierra que se comparte y por la colectividad en que se inserta, y con una identidad formada de pertenencias diversas y en ningún caso excluyente. En este contexto, estarán en mejores condiciones para el progreso las comunidades cuyos ciudadanos, desplegando el pleno sentido del ejercicio de la ciudadanía activa, sean capaces de reconocer en la interdependencia con el resto una necesidad, en la implicación con el bien común un compromiso personal, y en su noción de pertenencia un sentimiento positivo, constructivo e integrador.
La evolución del sistema autonómico en España, tras las últimas y desiguales reformas de los estatutos de autonomía acometidas por algunas comunidades, deparará una mayor dependencia de las propias posibilidades y capacidades de cada territorio a la ahora de afrontar el futuro. En este sentido, en una Asturias que, al decir de Ortega y Gasset “se siente región, pero no se sabe región” (Discurso de Oviedo, pronunciado en 1932), afirmación que quizá siga más vigente de lo deseable, el crecimiento de nuestro capital social y la formación de una masa crítica autonomista de suficiente entidad serán imprescindibles para una Comunidad que deberá afrontar, con mayor grado de responsabilidad sobre sus propias decisiones, escenarios más difíciles e inciertos.

Publicado en Fusión Asturias, junio de 2009.

EL FÚRBOL ES ASÍN

Hablemos de fútbol, como tantos otros. Soy oviedista desde siempre, y, si se puede decir así, de corazón. Es el equipo de mi ciudad, al que apoyaban en mi casa, y el primer día que me llevaron a ver un partido fue al viejo Carlos Tartiere; me acuerdo incluso del rival (el Murcia, en la temporada 1985-1986) y aunque el resultado creo recordar que fue 1-1, síntoma de que no asistí precisamente al encuentro del siglo, cualquier crío que vaya a presenciar la intensidad de un partido enseguida se ve envuelto en la emoción de un espectáculo de masas como el del fútbol. A lo largo de los años he seguido apoyando al Real Oviedo, con temporadas de más “militancia activa” oviedista que otras, pero siempre con el mayor deseo de éxito para el equipo y con un ojo puesto en los resultados todos los fines de semana. Fui asiduo al estadio en una parte de los buenos años de Primera División cuando todavía no todas las localidades eran de asiento, y disfrute de algunas tardes de buen juego viendo a Jokanovic, Prosinecki (su única temporada potable en España fue la que jugó en el Oviedo), Carlos y Oli. Volví unos años después a frecuentar el estadio los domingos, esta vez el nuevo (y plagado de sobrecostes, todo sea dicho) en La Ería, en las primeras temporadas tras el desastre del descenso a Tercera División, en buena medida porque sentí la necesidad de dar el respaldo al equipo en los tiempos más sombríos de las intromisiones del Alcalde, las disputas por la titularidad de las acciones y la postración de tener que sobrevivir en categorías inferiores. Rabié con la victoria insuficiente ante el Arteixo y vibré con el ascenso ante el Ávila y con la explosión de entusiasmo colectivo de la que difícilmente puede uno sustraerse.
Hace unos días, con el nuevo ascenso en Mallorca, me alegré enormemente, por mi equipo y por la afición. Reconozco el tremendo mérito que tienen las peñas oviedistas que han aguantado contra viento y marea, descensos y engendros incluidos. Además, algunos de los jugadores, empezando por el capitán, se han hecho acreedores de respeto e incluso admiración por haberse comprometido en cuerpo y alma en resucitar al Oviedo de este trance y evitar su desaparición.
Creo, en definitiva, que la gente tiene todo el derecho a ilusionarse, a olvidarse momentáneamente de sus problemas gracias al fútbol y a dejarse llevar por las emociones. No soy ajeno a esa dinámica, aunque a la postre procuro darle la importancia justa a las cosas, lo que por lo común no siempre sucede en algunas conductas, cuando de las pasiones deportivas se habla.
Por eso la deriva que ha acabado cogiendo la utilización del ascenso del Oviedo me da algún escalofrío. No me gusta que el mismo Alcalde que se creyó autorizado para decirnos a qué equipo debíamos animar los ovetenses y que casi fulmina al Real Oviedo se apunte descaradamente al carro y casi nadie le afee el oportunismo. Entiendo que no tiene la entidad que renunciar a buscar apoyo institucional en donde sea, pero me desagrada enormemente que se deje utilizar como arma arrojadiza utilizada por el gobierno local. No me gusta el compadreo (con recepción en el rancho de Benia y todo) con quien hace cuatro días hizo todo lo posible –presiones de toda índole incluidas- para que recursos, aficiones y patrocinios fuesen a aquella pesadilla del ACF. Tampoco me gusta la repentina amnesia de la que algunos se han imbuido rápidamente. Más aún me disgusta que se insulte zafiamente desde el balcón del Ayuntamiento, por mucho que se pretenda justificar con el calentón del momento. Me repugna cada vez más que para demostrar el grado de apego a un equipo haya antes que nada que insultar al rival en la versión deportiva y fanática del localismo rampante. Y me parece bastante empobrecedor que sea aparentemente tan elevada la influencia de los avatares deportivos sobre la vida política.
Obviamente, nada lo dicho impedirá que siga siendo oviedista y que disfrute al máximo con los esperados triunfos en el camino de retorno a Primera División del que es mi equipo. Será, con todo, que el fúrbol quizá tenga que seguir siendo asín.

Publicado en Oviedo Diario, 13 de junio de 2009.

ADIÓS AL ÚLTIMO POETA DE MUCHEDUMBRES

La muerte de Mario Benedetti, aunque no inesperada –su salud renqueaba desde hace ya tiempo-, nos ha dejado un regusto de tristeza que ha invadido todos estos días, y que tardará en disiparse entre las brumas de la rutina. Primero, porque supone perder la presencia de alguien a quien reconocíamos cercano, cuyas palabras nos impregnaron de ensoñaciones, despertaron nuestra conciencia y nos permitieron apreciar el reverso de muchas cosas cotidianas. También porque su final no es sino una consecuencia más del implacable paso del tiempo, de cuya mano vienen las pérdidas, entre ellas las de las referencias, y el adiós de muchos imprescindibles que, al modo de Brecht, lucharon toda su vida, cada uno a su manera.
El viejo Benedetti no siempre fue el irónico, escéptico e idolatrado poeta de los últimos años, el que reconocía que “la madurez / llega / con su relámpago / de sabiduría / cuando uno / ya no tiene / donde caerse / sabio”. Antes fue el poeta de la oficina que aportaba gramos de lírica a lo cotidiano y abría en canal nuestras miserias escondidas; el ensayista retador que da la voz de alarma en El país de la cola de paja; el contador de cuentos Montevideanos; el novelista que describe las fugaces ilusiones en La tregua; el dramaturgo que mira frente a frente a la brutalidad del poder en Pedro y el Capitán; el periodista que pone su palabra al servicio activo del compromiso en la redacción del semanario Marcha.
Muchas más cosas fue Benedetti. Jamás escondió su vocación militante y su afán de utilizar la literatura como palanca de cambio en tiempos convulsos. Fue cofundador del Movimiento “26 de marzo” que se integró en el Frente Amplio, sempiterno partido opositor de izquierdas en el Uruguay de blancos y colorados, hasta fechas recientes (en 2004 el candidato de centro-izquierda Tabaré Vázquez ganó al fin la elección presidencial). El activismo político fue para Benedetti una vocación constante y una necesidad vital: “no obstante descubrimos que la militancia / esa palabra tantas veces desfondada por la leyenda y los discursos / era algo tan normal como el estado civil / y tan colectivo como el tiranos temblad / que la militancia ese alfabeto de tradiciones / era sin embargo tan poco tradicional como el amor”. Se jugó el tipo, vio caer encarcelados o desaparecidos a amigos y compañeros a manos de la dictadura, descubrió el viento del exilio, las incomprensiones del desexilio y las heridas jamás cicatrizadas que la entrega personal causa en uno mismo y en su entorno, magistralmente descritas en Primavera con una esquina rota. Combatió la neutralidad en la política y en las letras, aún a despecho de los biempensantes ajenos a las pasiones que nacen de la lucha por la conquista de mundos mejores. Dijo las cosas por su nombre, haciendo de la memoria y la justicia patrones de su acción y su poética, aún con crudeza cuando las circunstancias de su tiempo lo exigían: “un torturador no se redime suicidándose / pero algo es algo”.
Fue sobre todo, no sólo en lo político, el último poeta de muchedumbres, leído con goce, profundamente querido, leal con sus lectores y congraciado con el público. Miles de adolescentes de habla hispana escribieron en su carpeta colegial sus versos. Muchos tomaron prestado para lides de conquista su alianza de compromiso político y amor de “si te quiero es porque sos / mi amor, mi cómplice y todo. / Y en la calle codo a codo / somos mucho más que dos”. Sus versos fueron musicados, cantados y esparcidos por Nacha Guevara o Joan Manuel Serrat. Mezcló sus palabras con las de Daniel Viglietti para su memorable A dos voces, abriendo la puerta a la popularización de la suma de verso y música que con éxito otros siguieron. Recitó en escenarios, en salones de actos, en cafés, en la calle y en los mítines; donde hiciera falta y la disnea lo permitiese.
No dejó Benedetti que los desengaños políticos o la constatación de vivir en un mundo salvaje y duro le arrancase el deseo de vivir intensamente, aunque el tiempo que tengamos sea ese paréntesis, esa prórroga a la que a veces a duras penas se le encuentra sentido. Defendió la alegría “de la miseria y los miserables / de las ausencias transitorias / y las definitivas”. Nos toca a sus lectores hacer lo propio, en su recuerdo.

Publicado en Oviedo Diario, 23 de mayo de 2009.

FEDERALISMO COOPERATIVO

En los últimos meses se han venido sumando voces especialmente críticas con algunas manifestaciones del desarrollo del Estado autonómico, e incluso con la propia concepción de éste. En algunos sectores, principalmente conservadores, se ha instalado una dinámica de reproche y desconfianza hacia los poderes autonómicos, subrayando continuamente algunas contradicciones o concretas ineficiencias del sistema, elevándolas a categoría y ofreciendo una imagen global negativa del modelo. Se han puesto ejemplos de todo tipo, algunos con una base cierta y otros sesgadamente exagerados: desde las diferencias en los calendarios de vacunación a la eventual duplicidad de trámites administrativos; desde el coste general del aparato burocrático autonómico a los efectos frontera por diferencias legislativas entre territorios contiguos, etc. Algunos críticos discrepan desde la racionalidad y el análisis sosegado, con la pretensión de modular o corregir inevitables distorsiones derivadas del estadio actual del desarrollo autonómico; pero otros, que cuestionan de principio la actuación de las Comunidades Autónomas, no pueden esconder su deseo de invertir el proceso descentralizador, viendo alimentado tal planteamiento por posiciones ideológicas que aparentemente estaban superadas por la práctica del Estado autonómico desplegada en estas tres décadas desde su inicio.
Conviene apreciar, desde un primer momento, que la creación de las Comunidades Autónomas, la progresiva asunción de competencias por éstas en ámbitos importantísimos para la vida cotidiana de los ciudadanos (especialmente al asumir la gestión de servicios públicos básicos), el reconocimiento de potestad legislativa a las respectivas Asambleas autonómicas y la relevancia política de los Gobiernos de las Comunidades han transformado de manera profunda la realidad institucional española y la arquitectura del poder público. En términos generales, el resultado es netamente positivo: la proximidad del centro de toma de decisiones al lugar en el que se detectan los problemas o necesidades mejora en muchas ocasiones la eficacia de la actuación administrativa; la posibilidad de realizar un control democrático más estrecho y de fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos es más intensa y asequible por la mayor proximidad entre representantes y representados; y, lo que es más importante, el desarrollo del Estado autonómico ha otorgado a muchos territorios, olvidados durante largos años una voz propia –y no estamos hablando precisamente País Vasco o Cataluña- y capacidad para tomar decisiones por sí mismos, favoreciendo el autogobierno y, a la luz de los frutos, la autoestima colectiva. Cabe, por lo tanto, mirar con satisfacción el pasado reciente de España en lo que a la construcción del Estado autonómico se refiere, puesto que el modelo territorial fruto de la Constitución en vigor ha resultado, en conjunto, exitoso.
No es recomendable rehuir, sin embargo, la constatación de que el proceso autonómico ha acarreado una complejidad adicional, directamente proporcional al volumen de transferencia de competencias y recursos del Estado a las Comunidades Autónomas. Por eso, en el momento actual, lo que hace falta es precisamente potenciar los mecanismos de colaboración multilateral entre el Estado y las Comunidades Autónomas (conferencias sectoriales, reforma del Senado para convertirlo en verdadera Cámara de representación territorial, conferencia de Presidentes, etc.); y, quizá lo más difícil –porque exige una cultura política cooperativa- subrayar la necesidad de que los diferentes interlocutores sepan engarzar la defensa de los intereses territoriales con la debida lealtad institucional, el espíritu de colaboración, la confianza mutua y la corresponsabilidad a la hora de tomar decisiones.
En este escenario, el Principado de Asturias puede ofrecer su trayectoria como Comunidad Autónoma comprometida con el espíritu cooperativo necesario para esta nueva fase de evolución del modelo territorial. Nuestra Comunidad Autónoma, de hecho, mantiene un apreciable bagaje de colaboración intercomunitaria, tanto en el ámbito general como, en particular, con las Comunidades limítrofes, partiendo de una vocación constructiva y de la pretensión de mejorar las fórmulas propias de lo que, desde el punto de vista teórico, al analizar el funcionamiento de los Estados compuestos fuertemente descentralizados pero sólidamente cohesionados, se ha venido acertadamente a llamar federalismo cooperativo.

Publicado en Fusión Asturias, mayo de 2009.

OVIEDO DEBE APOYAR A LAS FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

Acostumbra periódicamente el Alcalde de Oviedo a arremeter contra la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Asturiana de Concejos (FACC), con gruesas críticas al papel de estas entidades. La penúltima ocasión ha tenido lugar hace unas semanas, con las declaraciones de Gabino de Lorenzo, rayanas en el insulto, en las que atacaba al Presidente de la FEMP y Alcalde de Getafe, Pedro Castro. Efectivamente, los improperios que nuestro Alcalde dirige hacia los máximos dirigentes de las federaciones de municipios aparecen en su discurso cuando éstos resultan ser alcaldes socialistas, cosa frecuente en la FEMP y constante en la FACC, debido a la predominancia general del PSOE en los ayuntamientos españoles y, sobre todo, en los asturianos, lo que ha deparado que en los procesos electorales internos de estas entidades el PP no tenga mucho que rascar, máxime cuando en el pasado reciente, en el ámbito de la FEMP, los conservadores han demostrado su incapacidad para las alianzas con otras fuerzas políticas.
La posición de Gabino de Lorenzo se basa en una descalificación total de la actividad y orientación de la FEMP y la FACC, acusando de inutilidad a las dos federaciones y amenazando de vez en cuando con el abandono de estas entidades por el Ayuntamiento de Oviedo. Se quedan sus palabras en bravuconadas que ya forman parte del paisaje y poca relevancia tienen por habituales, con un eco que no trasciende más allá de la sección local de los diarios regionales, porque la relevancia de nuestro Alcalde en el municipalismo asturiano es escasa –y nula en el español- y sus ultimátums no son más que filfa, por fortuna en este caso, ya que resultaría incomprensible que nuestro municipio abandonase la FEMP o la FACC.
Pero lo que revela el Alcalde con su salida de tono es su postura aislacionista, incomprensible, insolidaria y terriblemente contraproducente para la posición de Oviedo en el panorama municipal. Es gravísimo desconocer o despreciar el cometido que la FEMP y la FACC desempeñan en el apoyo cotidiano a los municipios o en la gestión de programas destinados a que los ayuntamientos puedan cumplir mejor sus competencias y mejorar sus formas de funcionamiento y organización; tarea que, además, resulta fundamental para los municipios pequeños y medianos –que son la mayoría-, que cuentan con medios en ocasiones exiguos y precisan de un asesoramiento mucho más intenso. La FEMP y la FACC juegan además un papel muy relevante en la representación institucional de los intereses colectivos de los poderes locales en la configuración de la arquitectura territorial de España, y, en un modelo dinámico de distribución de competencias y recursos entre Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales, es prioritario que los ayuntamientos confluyan en sus pareceres y refuercen los espacios comunes de diálogo y colaboración, como son las federaciones de municipios.
Podrá argumentarse, con parte de razón, que, pese a la vivacidad del debate territorial español, y pese al reconocimiento de la autonomía local y los progresos alcanzados estos 30 años de municipios democráticos, las administraciones locales siguen soportando importantes carencias en lo que se refiere a la determinación del haz de competencias que les corresponden y en la garantía de los recursos económicos necesarios para poder ejecutarlas en un marco de suficiencia financiera. Es cierto que está pendiente una reforma de las bases del régimen local y del modelo financiero de los municipios, reivindicaciones largamente demandadas y que atañen a las cuestiones más elementales para el funcionamiento de los ayuntamientos, pero no es menos cierto que la evolución –en perspectiva general- en los últimos años es positiva: compensación por la pérdida de la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas, fondos adicionales para municipios pequeños, apoyo a las mancomunidades, fondo autonómico de financiación local incondicionada, fondo estatal de inversión local para la reactivación económica (el llamado “Plan Zapatero”), etc. En todo caso, lo que en nada ayuda es erosionar el papel de las federaciones de municipios, precisamente las entidades que con su insistencia y capacidad de presión han sido las artífices de los avances conseguidos y de que en la agenda institucional continúen estando presentes las reivindicaciones de los ayuntamientos.
Urge, por lo tanto, un cambio de actitud por el Alcalde de Oviedo, porque su visión alicorta del escenario institucional y su incapacidad para el liderazgo en el municipalismo suponen un lastre para una ciudad que bien podría, por sus propias características, jugar un papel determinante en la defensa de los intereses de los ayuntamientos.

Publicado en Oviedo Diario, 9 de mayo de 2009.

EL TORBELLINO DE LA VERDAD

Una de las primeras decisiones del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha sido desclasificar y permitir el acceso público a los documentos preparados por el Gobierno de su predecesor, George W. Bush, en los que se detallaban los procedimientos de presión física y psíquica extrema diseñados para aplicación en los interrogatorios a los presos bajo custodia de las autoridades norteamericanas en Afganistán, Irak y Guantánamo. Los memorandos e instrucciones del Departamento de Justicia y de la CIA que ahora son de conocimiento generalizado eran supervisados por la Oficina del Consejo Legal del citado Departamento, y aparecen firmados por tres juristas cuyo nombre queda ya ligado a la negra historia de la justificación de los abusos y perversiones del poder: John Yoo, Jay Bybee y Steven Bradbury. Estos documentos recogían con precisión la clase de técnicas que se podían emplear y los procedimientos establecidos para infligir angustia o pánico en los interrogatorios, todo ello revestido de la frialdad burocrática, pretendidamente aséptica, de quién aparentemente pretende describir, meramente, el contexto legal y las circunstancias que supuestamente ofrecían fundamento jurídico a tales prácticas.
Efectivamente, desde la declaración de la llamada “guerra contra el terror” realizada por el anterior Presidente norteamericano, su Gobierno comenzó a desplegar un esfuerzo teórico –por así llamarlo- justificativo del empleo sistemático y generalizado de medidas constitutivas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuando no de torturas propiamente dichas, frente a aquellas personas bajo el control de las fuerzas armadas y los servicios secretos en el marco de operaciones contra las redes globales de terrorismo islamista. El paso inicial fue la definición de la figura de “combatiente enemigo”, ajena totalmente a los principios de derecho internacional humanitario que definen las reglas mínimas a observar en circunstancias de conflicto armado, rechazando aplicar a los incluidos en dicha categoría el estatus de prisioneros de guerra y buena parte de los derechos básicos que de él se derivan. Este sistema de burla de los estándares mínimos del derecho internacional y de las propias normas internas de Estados Unidos, quedó completado con la creación de una red de prisiones secretas en terceros países, fuera de controles y limitaciones legales; la colaboración de numerosos Estados facilitando o al menos tolerando traslados de “combatientes enemigos” ajenos a todo cauce de legalidad en los llamados “vuelos de la CIA”; y la puesta en marcha y mantenimiento de la prisión de Guantánamo, en la base militar norteamericana sobre suelo cubano, convertida, junto con la prisión de Abu Ghraib en Irak, en epicentro y manifestación de la desvergüenza y el horror a que conduce la distorsión de principios y la creación de una maquinaria paralela de represión global: detenidos sin cargos ni juicio por tiempo indefinido, sin acceso a defensa jurídica apropiada, encerrados sobre pruebas endebles o inexistentes en no pocos casos, en situación de aislamiento y sometidos a las terribles prácticas ahora reveladas por el propio Gobierno de Estados Unidos.
Las monstruosas derivaciones de la llamada “guerra contra el terror” han supuesto un desafío de primer orden a nuestra escala de valores, puesto que no sólo han concernido a Estados Unidos sino a todo el mundo. Por un lado, mientras los anteriores gobernantes de la superpotencia construían este sistema y lo legitimaban con argumentos utilitaristas sobre sus supuestos resultados, cuestionando la extensión de derechos humanos elementales, la contestación del resto de líderes internacionales, salvo honrosas excepciones, fue tibia o directamente inexistente. Por otro lado, apenas ha habido un proceso serio de reflexión y actuaciones de alcance jurídico o político sobre la actitud pasiva o incluso colaboracionista en otros países, incluidos los de Europa, pese a que en un primer momento el informe expuesto por el relator Claudio Fava, aprobado por el Parlamento de la Unión Europea, subrayaba las responsabilidades de los Estados. Mientras tanto, el propio Gobierno norteamericano rectifica, planifica el cierre de la prisión de Guantánamo, renuncia a mantener cárceles secretas en terceros países, anula todas las órdenes anteriores justificativas de esas conductas, e incluso debate –con enorme desgarro interno- las posibles responsabilidades políticas y penales que pudieran depurarse.
Los críticos de Obama destacan que la revelación de los documentos citados, y el proceso que impulsa de regeneración moral y vuelta a los principios básicos del derecho internacional, es fruto de su inexperiencia y representa un peligro para los intereses y la seguridad de Estados Unidos. Es cierto que el infierno está empedrado de buenas intenciones, pero, vista su valentía y determinación, el aire de libertad que provocan sus decisiones, y la demostración de sus fuertes convicciones en defensa de los valores elementales de la dignidad humana, sólo cabe decir que bendita sea su ingenuidad.

Publicado en Oviedo Diario, 2 de mayo de 2009.

G-21

No es para lanzar las campanas al vuelo ante la gravedad de la situación; y está por ver que realmente solucione las enormes incertidumbres que la crisis económica global ha provocado. Pero sí parece posible afirmar que el acuerdo alcanzado el 2 de abril en la cumbre internacional del G-20 ampliado, celebrada en Londres, supone un revulsivo en muchos aspectos, y quizá un firme punto de inflexión para frenar el deterioro económico al que asistimos.
En primer lugar, se ha expresado una inequívoca voluntad de establecer bases y principios comunes para ordenar y gobernar la globalización económica. Durante los últimos años, la debilidad de Estados y organizaciones internacionales para encauzar y reglamentar la actividad económica internacional, en particular los movimientos financieros especulativos, se había mostrado evidente; padecemos hoy en su plena dimensión las consecuencias del descontrol y sobredimensionamiento de las transacciones financieras, entendidas como un fin en sí mismas y no como soporte para la economía real. Ahora, aunque haya tenido que ser al filo del despeñadero, los gobiernos de los países más desarrollados y las economías emergentes han dado un paso que puede ser definitivo para establecer las mínimas prescripciones necesarias para domar y reorientar las tendencias de la globalización. Se ha decidido crear un Consejo de Estabilidad Financiera con capacidad normativa y de supervisión; se combatirán los paraísos fiscales y se desmitificará el secreto bancario; se asegurará que las normas contables internacionales permitan una imagen verdaderamente fiel de la realidad; se chequeará la actividad de las agencias de calificación para impedir conflictos de intereses y evitar que se ofrezca cobertura a operaciones y agentes financieros de elevado riesgo; se fortalecerán los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras internacionales, sobre las que además, en particular en el caso del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se plantea abiertamente su reforma para ajustarlas a un mundo multipolar de modo que no respondan a una visión que únicamente atienda a los criterios de las economías occidentales; se apuesta por el comercio internacional evitando la tentación proteccionista; se subraya la necesidad de moralizar la actividad económica e incorporar decididamente objetivos de sostenibilidad ambiental, respeto a los derechos de los trabajadores, potenciación de la incorporación al desarrollo de los países más desfavorecidos, etc. En suma, se hace propia -y se establecen compromisos específicos para ello- buena parte la agenda de gobierno económico global que propugnaban muchos críticos del rumbo actual de la globalización, dando sepultura definitiva a la ideología neoliberal que propugnaba la santificación del mercado sin controles, y ofreciendo una alternativa tanto al nihilismo antiglobalizador como al desgobierno global en el que ha germinado esta crisis.
En segundo lugar, la cumbre de Londres ha supuesto la constatación de que un nuevo tiempo se abre en las relaciones internacionales, en el que se supera el unilateralismo y la confrontación para entrar en la dinámica cooperativa del respeto a los interlocutores y a la diversidad de realidades e intereses. La presencia de los países más poblados y líderes regionales en sus respectivos continentes, la consideración de criterios de representación más allá del poder estrictamente económico, y el refuerzo a los foros e instrumentos internacionales en el ámbito de la lucha contra la crisis, puede contribuir a impulsar un relanzamiento de las organizaciones internacionales y de la perspectiva multilareral también en lo que se refiere al mantenimiento de la paz y la seguridad, a la cooperación política, social, cultural, etc. Ese reto, pendiente en buena medida en un contexto de debilidad del sistema de Naciones Unidas, parece también ahora algo más cerca.
Además, resulta que España estaba ahí, en el epicentro de la toma de decisiones. Pese a no pertenecer inicialmente al foro del G-20, que ya es como poco el G-21, se ha valorado el papel que nuestro país puede jugar y se ha reconocido de forma irreversible nuestra voz en la reconstitución de este foro internacional que ha cobrado un especial protagonismo. Por fortuna, en lugar de empeñarse en la entrada en el injusto y caduco G-8 (no conseguida) y en la foto de las Azores, objetivos en el que otros comprometieron la política internacional española y trataron de alterar la escala de valores y prioridades de España en el mundo, en este caso el actual Gobierno ha sabido convertirnos en partícipes de las soluciones globales a la crisis, y en corresponsables de lo que puede significar una acertada reformulación de las relaciones internacionales en la era global.

Publicado en Oviedo Diario, 4 de abril de 2009.

LA UNIVERSIDAD ASTURIANA Y EL PROCESO DE BOLONIA

Quizá en estos tiempos difíciles, en los que la mayor parte de esfuerzos y preocupaciones se dirigen a responder con inmediatez a la situación de crisis económica, la sociedad asturiana esté prestando menor atención de la debida a algunos cambios de alcance en algunos ámbitos concretos. Sucede así, seguramente, con la adaptación de la Universidad de Oviedo al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como Proceso de Bolonia (por la Declaración que refleja sus objetivos, firmada en la ciudad italiana el 19 de junio de 1999), y que supondrá la convergencia a un modelo común y homologable de titulaciones basado en un similar régimen de enseñanzas de los estudios superiores en 45 países europeos.
Las importantes dificultades que entraña la implantación del modelo en que se fundamenta el EEES convierten a este proceso en la transformación más profunda y decisiva que vivirá la universidad española, y por consiguiente nuestra Universidad de Oviedo, en mucho tiempo. Téngase en cuenta que el EEES obliga a la reformulación total de la oferta de titulaciones y a su estructuración en tres ciclos (grado, máster y doctorado), modificando en consecuencia la configuración de los centros en los que se imparten las enseñanzas universitarias. Además el EEES promueve una enseñanza más flexible y basada en una posición más activa y comprometida en la formación por parte del estudiante, con los cambios que ello debe suponer –los que más tiempo requerirán- en la forma de impartir las enseñanzas universitarias. En definitiva, el EEES supone un reto de gran envergadura para la institución académica, y también para la propia Administración, incluyendo a los ayuntamientos que acogen sedes universitarias, haciendo preciso sumar esfuerzos para que la transición de modelo resulte acertada y permita además afrontar algunos problemas pendientes en el panorama de las enseñanzas superiores en Asturias (duplicación de titulaciones, insuficiencias en la oferta formativa, mejoras en la calidad de ésta, etc.), dando paso a la necesaria modernización de nuestra Universidad. No olvidemos que la salida a la crisis económica, y el futuro desarrollo de Asturias, en buena parte pasará por la capacidad que tengamos para progresar en la formación y, por consiguiente, en la mejora de la productividad y en la capacidad de innovación que podamos desplegar en un contexto globalizado y competitivo.
Las dificultades que la adaptación al EEES comporta -y más en un momento de ajustes presupuestarios- son por sí mismas de una entidad significativa. Además, aunque partamos de una perspectiva favorable al cambio y abierta a las oportunidades que conlleva la construcción del EEES, algunos riesgos que subrayan los críticos de este proceso no deben ser de antemano menospreciados, como la excesiva dependencia de la realidad del mercado en que se puede incurrir a la hora de definir titulaciones, la amenaza de mercantilización de la enseñanza universitaria que puede poner en riesgo la accesibilidad económica a los estudios superiores más allá de los grados, y, sobre todo, la posibilidad de que el paradigma pedagógico en que se sostiene el EEES se quedé en retórica y principios de difícil traslación a la práctica si los medios humanos y materiales (y la adecuada gestión de éstos) no acompañan en consonancia a los buenos propósitos.
Algo de vértigo produce, por lo tanto, acometer la reforma universitaria, y la magnitud de la tarea es probablemente proporcional a la presión bajo la que trabajan en éllo autoridades académicas y Administración educativa. Si ésto fuese poco, en las últimas semanas se han añadido nuevos problemas con los que lidiar, y que tienen que ver en parte con algunos aspectos complejos de nuestra realidad regional. La distribución territorial de la Universidad asturiana con diferentes campus en tres municipios distintos (Oviedo, Gijón y Mieres), y la necesaria racionalización de titulaciones y centros, harán exigible la adopción de decisiones que resultarán sin duda impopulares, porque aunque el diseño de la oferta resultante tenga en cuenta la especialización a la que deben tender los campus, y pese a que seguramente pesará el criterio de mantener un razonable equilibrio respecto a la situación de partida, parece inevitable que se producirán situaciones difíciles, en las que se sumen inquietudes corporativas de algunos centros y departamentos con pretensiones locales que no necesariamente podrán conjugarse con la definición de conjunto de la Universidad de Oviedo que exige la adaptación al EEES. Por el momento, algunos episodios del debate asociado a este proceso han tenido un marcado carácter localista no precisamente edificante y, que poco tiene que ver con las actitudes que deben guiar este tránsito. Por eso, de cara a los próximos meses en que tocará decidir y resolver, merece la pena un llamamiento a la responsabilidad colectiva para alimentar una perspectiva amplia, serena y sensata, en una Asturias que requiere de una Universidad preparada para superar con éxito esta complicada tarea.

Publicado en Fusión Asturias, abril de 2009.

DE PAPAS Y CONDONES

La visita del Papa Ratzinger a África ha despertado natural interés por cuanto el castigado continente es hoy tierra de crecimiento del número de fieles de las principales confesiones religiosas, también la católica, y ya se sabe que la disputa (pacífica, o no tanto) por las preferencias espirituales de los pueblos es materia de relevancia histórica. El proselitismo, ya sea en nombre de la salvación del alma humana o ya sea para apuntalar la influencia del administrador religioso, es consustancial a la Iglesia católica y a la mayor parte de las instituciones religiosas, y, en el tablero de la estrategia global, la valiosa pieza a cobrar, en magnitud de creyentes y en potencial de crecimiento, es ahora el África subsahariana.
Ahora bien, difícil lo tiene el líder de la Iglesia romana al hacer de la moral sexual la bandera primera y principal de su discurso, supeditando otros criterios de salud pública al dogma católico. Al decir que la extensión del SIDA no sólo no se soluciona con la promoción del uso del preservativo en las relaciones sexuales sino que incluso tal estrategia contribuye a su difusión, pidiendo como regla la abstinencia más allá de la sexualidad reproductiva, el pontífice se sitúa en una posición extremista e inútil frente a realidades que desbordan la rigidez de las normas que pretende imponer. Por un lado, como ya han evidenciado muchas voces autorizadas, comete una terrible irresponsabilidad porque África es el continente más azotado por la pandemia del SIDA, que en algunos países está causando estragos y diezmando generaciones, y una de las principales formas de combatir la propagación de la enfermedad es la implantación de políticas preventivas como el uso de preservativos en las relaciones sexuales. Predicar la abstinencia frente al SIDA no es ninguna solución, como ya se ha demostrado en las dos últimas décadas, y, sobre todo, significa anteponer la obsesión del Vaticano por el sexto mandamiento –el que les preocupa más que ninguno, o eso parece- antes que valorar otras consideraciones, como la pura y simple constatación de que las enfermedades de transmisión sexual pueden evitarse con la utilización del preservativo. Por otro lado, la machacona insistencia del Papa en reprimir el uso del preservativo y en circunscribir la sexualidad a la reproducción tiene también otra consecuencia, porque, aunque sea una alerta que viene de lejos (de Malthus hasta hoy), la superpoblación global es un riesgo cierto, y precisamente la utilización del condón es la forma más sencilla de contracepción y planificación familiar.
Con este planteamiento, en definitiva, Ratzinger se sitúa en posiciones fundamentalistas, sumándose a la escalada intolerante y radicalizada que domina la escena religiosa global. De este modo, por muy construida y estructurada que esté la doctrina de la Iglesia católica, en poco acaban diferenciándose algunas de sus consignas de las paupérrimas e hipócritas admoniciones de un telepredicador cualquiera o de los consejos de vida de la ínclita Sarah Pallin, prueba viviente de que quien defiende públicamente con vehemencia la virginidad antes del matrimonio se convierte en abuela antes de lo esperado.
Así las cosas, encuentro cada vez menos cosas en común entre el mensaje de la jerarquía católica, de la cuál en España somos sufridores de primera categoría, y la actuación encomiable y ejemplar de muchos ministros de la fe cristiana (desde nuestro recientemente fallecido Ángel Cuervo –luchador por los derechos de los inmigrantes en Pumarín- a Pedro Casaldáliga, Díez-Alegría o Jon Sobrino). Que me disculpen los seguidores de los mandatos vaticanos, pero visto el derrotero de la Iglesia católica (con readmisión de obispos negacionistas del holocausto incluida), cobran vigencia los versos de Benedetti en su poemita “Papam habemus”: tutor de los perdones / distribuidor de penas / condona las condenas / condena los condones.

Publicado en Oviedo Diario, 21 de marzo de 2009.

CONTRA LA CADENA PERPETUA

El asesinato de la joven Marta del Castillo, y unos meses antes el de Mari Luz Cortés, ha despertado una profunda y sentida preocupación ciudadana, espoleada por el dolor de los familiares y las movilizaciones que, en ambos casos, éstos han emprendido reclamando el endurecimiento de las penas ante crímenes de estas características, incluyendo la propuesta de instaurar la cadena perpetua. En un primer momento lo que procede es una actitud de respeto y comprensión hacia los padres de las víctimas, cuya tragedia sólo ellos mismos padecen en toda su dimensión, y que, lógicamente, merecen el abrigo de toda la sociedad ante las circunstancias que atraviesan; recordemos, además, que en el caso de Marta del Castillo, en el momento de escribir estas líneas aún no ha aparecido su cuerpo, más de un mes después de la fecha en la que fue asesinada, situación que sin duda acrecienta la angustia de sus familiares hasta límites insoportables.
Ahora bien, a la hora de analizar algunas respuestas que se plantean ante crímenes como los citados, es legítimo –y necesario- cuestionar las propuestas que ambas familias vienen lanzando con insistencia, aunque hayan obtenido un nada despreciable respaldo ciudadano, azuzado por algunos tratamientos periodísticos de esta tragedia bastante irreflexivos. Debe preocuparnos, en este sentido, la ligereza con la que estos días se debate sobre la posibilidad de introducir las reformas legales y constitucionales precisas para instaurar la cadena perpetua, dando pábulo a propuestas que supondrían un retroceso notable en materia de política penal y penitenciaria.
No olvidemos que la cadena perpetua parte del principio de que determinadas personas merecen un apartamiento total y definitivo de la sociedad para ser confinados de por vida, negando de antemano toda posibilidad de arrepentimiento o reincorporación a la sociedad, sin considerar en modo alguno la posibilidad de que una persona pueda, sincera y profundamente, modificar su escala de valores y pautas de conducta. No olvidemos, aunque ahora resulte impopular decirlo, que la persona que comete un terrible delito en una etapa de inmadurez, amoralidad o (en algunos casos) dificultad, puede que no sea la misma en un periodo posterior, y que, entre medias, pagará rigurosamente por el crimen perpetrado. Quizá no resulte cómodo afirmarlo en este momento, pero creo ecuánime recordar que un criminal joven (aunque mayor de edad), que posiblemente pasará más de una década en prisión, tendrá margen temporal suficiente para el arrepentimiento, y, quizá no ahora, pero, con el paso de los años entre rejas, es probable que acabe maldiciendo todos los días el horror cometido, que causó tanto dolor ajeno y que ha provocado también un enorme mal propio. Por otra parte, si bien nuestro sistema penal se orienta, al menos en teoría, y como recoge la Constitución, a la reeducación y la reinserción social, no es menos cierto que en la práctica incluye también un fuerte componente retribucionista, con condenas de prisión prolongadas e importantes dificultades legales y requisitos que cumplir para alcanzar el tercer grado penitenciario o la libertad condicional. No es cierto, en suma, que el sistema sea permisivo, liviano o benevolente.
En este estado de cosas, admitir la cadena perpetua significaría, además, aceptar como norma la institucionalización de personas a las que se reducen drásticamente sus derechos con vocación indefinida y sin un fin futuro que lo justifique (al renunciarse a la reeducación como principio), disminuyendo severamente su capacidad de conocer y aprehender el valor de la libertad y la responsabilidad que comporta, deshumanizándoles en consecuencia. Por el contrario, los efectos para el conjunto social no resultan particularmente benéficos, puesto que no hay una repercusión inmediata o palpable entre la introducción de este tipo de castigos y la reducción de la delincuencia cuando de esta clase de crímenes hablamos, ya que otros muchos factores inciden en esta realidad.
Más allá de las distintas opiniones en liza, si no tratamos de aproximarnos con mayor serenidad a este debate alentaremos que la indignación se transforme en ira (sólo la protección policial impidió un linchamiento a los imputados por el crimen) y que la justicia racional y civilizada se deje llevar por pasiones humanas que conviene, cuando se trata de tomar decisiones de calado, atemperar.

Publicado en Oviedo Diario, 7 de marzo de 2009.