AMINETU VALIENTE

En el momento de escribir estas líneas Aminetu Haidar cumple 25 días de huelga de hambre en protesta por la negativa de las autoridades marroquíes a permitir su regreso a El Aaiún, capital del Sahara Occidental ocupado. Aminetu ha puesto su integridad física en riesgo, a través de esta medida de presión, para centrar la atención sobre su caso y conseguir el respaldo internacional que le permita retornar a su tierra, con su familia. Como es sabido, Marruecos devolvió y retiró el pasaporte a la activista, aplicando una técnica genuina de los regímenes autoritarios y dejándola en situación de apatridia de facto, con la pretensión de evitar que pueda continuar en el propio Sahara su reivindicación de los derechos civiles y políticos de los saharauis. Ninguna otra opción que no sea permitir su regreso y permanencia en el Sahara Occidental es válida, porque con otro estatus o con pasaporte de otro Estado (por ejemplo previa obtención de la nacionalidad española por carta de naturaleza, según el bienintencionado ofrecimiento inicial del Ministerio de Asuntos Exteriores) no podría asegurarse la posibilidad de permanecer de forma prolongada en un territorio como el saharaui -en situación de excepción- y para élla dar continuidad a la lucha por los derechos de su pueblo, sobre el terreno, es la razón de su vida.
Aminetu Haidar, antes de este episodio que la ha hecho saltar a la actualidad española, era ya una reconocida defensora de los derechos humanos, premiada con prestigiosos galardones como el Premio Robert F. Kennedy. Su voz ha resonado incesantemente en la denuncia del apartheid que, en la práctica, padecen los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos. Ha protagonizado movilizaciones y protestas contra la creciente represión que padecen los saharauis a manos de las fuerzas de seguridad y militares de la potencia ocupante, sufriendo ella misma la tortura y el encarcelamiento. No es la única: otros activistas saharauis están padeciendo el zarpazo de la brutalidad persecutoria de las autoridades marroquíes: Ali Salem Tamek, Brahim Dahane, Ahmedi Naceri, Idagia Lachgare, Saleh Loubbihi, Yahdih Ettarrouzi, Rachid Seghayer y una larga lista de nombres desconocidos para la opinión pública pero que corresponden a presos de conciencia que están pagando con su libertad la lucha de todo un pueblo por el reconocimiento a sus legítimos derechos.
Aminetu ha conseguido, además, que muchos, ajenos hasta ahora al conflicto, se pregunten por las causas de fondo de la cuestión saharaui. Acontecimientos como éstos son, no lo hay que olvidar, consecuencias de la injusta situación derivada de un proceso de descolonización inconcluso. La enorme responsabilidad española en el desamparo de los saharauis arroja una sombra de culpabilidad colectiva que nos debe avergonzar, y que sólo se enjugaría con una apuesta suficientemente decidida –que no se ha producido hasta la fecha- por restaurar la legalidad internacional y permitir el ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo saharaui. La falta de entereza de la comunidad internacional para velar por el efectivo cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y los apoyos estratégicos con los que ha contado Marruecos para mantener una ocupación ilegal de la mayor parte del territorio del Sahara Occidental, han provocado un bloqueo de la situación durante largos años, a pesar de los esfuerzos negociadores y de la flexibilidad para el diálogo del Frente Polisario y las autoridades de la proclamada República Árabe Saharaui Democrática (reconocida por más de 80 países y miembro de la Unión Africana). A quienes se atreven a criticar con ligereza a los interlocutores saharauis cabría recordarles que el Polisario llegó a aceptar en 2004 como solución el Plan Baker II, que contemplaba la celebración del referéndum de autodeterminación tras un periodo previo de autonomía, lo cuál ya constituía una cesión muy relevante, por admitir, aunque fuese transitoriamente, la autoridad marroquí; la salida quedó frustrada (como el Plan de Paz de 1991 y los posteriores intentos de reimpulsarlo) por la falta de firmeza internacional y la intransigencia de las autoridades marroquíes, empeñadas en ensoñaciones imperiales que no hacen sino distraer la atención de sus problemas internos.
La tenacidad de Aminetu Haidar, con peligro para su propia vida, no es inútil ni obcecada, aunque resulten comprensibles los llamamientos a evitar un deterioro irreversible de su salud. Su dignidad extraña a los ojos acomodados de algunos, pero despierta la admiración y el respeto de la mayoría; no en vano Aminetu ha concitado una notable ola de respaldo ciudadano y, por fin, parece que ha motivado reacciones diplomáticas que comienzan a ser perceptibles –por la Unión Europea y Estados Unidos- y que posibilitan albergar la esperanza de que Marruecos deberá ceder y permitirle regresar a casa. Tenemos que hacerlo realidad porque su lucha, de una u otra manera, nos concierne a todos.

Publicado en Oviedo Diario, 12 de diciembre de 2009.

NECESIDAD DE LA MEMORIA

El Gobierno del Principado de Asturias se ha sumado en los últimos años, con diversas iniciativas, a las actuaciones dirigidas a la recuperación de la memoria histórica sobre los hechos sucedidos durante la guerra civil y la represión franquista posterior, ambas especialmente intensas en nuestra tierra. Una de estas iniciativas, quizá la más destacada, es la investigación que, por encargo de la Administración autonómica, desarrolla la Universidad de Oviedo para la localización de fosas comunes en nuestro territorio, que al parecer ascienden a más de 260, en las que yacen numerosas víctimas de aquel periodo. Confluye este proyecto con las actividades de diferentes organizaciones sociales que trabajan en esta materia, dirigidas a rescatar del olvido miles de historias personales de víctimas de la contienda y la dictadura, incluso promoviendo o facilitando exhumaciones como las de la fosa de Valdediós o la del Alto del Acebo. Por otra parte, se baraja impulsar la normativa autonómica necesaria, incluso de rango legal si fuese preciso, que complemente el marco jurídico dado por la llamada Ley de Memoria Histórica (la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura) y todo el corpus reglamentario de su desarrollo.
En todos los casos, ya sea en lo relativo a las acciones ciudadanas, ya sea en las actuaciones gubernamentales –también las de ámbito estatal-, estas iniciativas están animadas por un deseo de reconocimiento a las víctimas silenciadas y sus familias, a quienes durante un periodo prolongado de tiempo apenas pudieron recordar en público, por miedo a las consecuencias, la tragedia vivida, y, particularmente, a quienes pagaron con un alto precio -a veces con su propia vida- su defensa de los valores de libertad y progreso que encarnó el malogrado esfuerzo modernizador de la II República. Por eso han sido gobiernos progresistas los que, una vez afianzado el sistema democrático, y con perspectiva suficiente desde los años transcurridos tras la recuperación de las libertades, han reconocido la necesidad de esta reparación.
No obstante, el proceso en curso de recuperación de memoria histórica no sólo se sustenta en otorgar, de forma compasiva y solidaria, la atención debida a las personas que padecieron aquellos años bárbaros. Se fundamenta también en la capacidad moral –e incluso la autoridad- que la sociedad puede legítimamente atribuirse para analizar determinadas conductas sucedidas en un tiempo que sigue estando relativamente próximo, y donde no todos los comportamientos fueron, ni mucho menos, similares. En ocasiones se esgrime, por los detractores de esta clase de procesos, la imposibilidad o la inutilidad de juzgar hechos pasados de esta naturaleza, bajo el argumento de que cada acontecimiento es producto de su momento y circunstancias, y que con los valores y criterios de hoy no se pueden contemplar los sucesos del ayer. Este razonamiento, no siempre bienintencionado, esconde que, aunque efectivamente los patrones éticos que inspiran a la sociedad y sus reglas mudan –y generalmente progresan-, esta diferencia no puede suponer dejar en la impunidad (al menos en el escrutinio público, al no resultar ya posible el procesamiento penal) las atrocidades del poder dictatorial, que, atemporal y objetivamente merecen ese calificativo. Es preciso, en consecuencia, evitar situar en el mismo plano de meros actores de un escenario histórico a víctimas y verdugos.
El juicio de la historia, por enunciarlo en términos comunes, es, por lo tanto, doblemente procedente cuando quien se sitúa en posición de juzgador es la misma sociedad (a través de sus actores sociales, sus instituciones legítimas y sus representantes democráticos) quien es ahora capaz de mirar retrospectivamente su pasado, adquiriendo conciencia de la gravedad de hechos como los acaecidos, extrayendo de la experiencia la vocación de justicia y la voluntad de afianzar y extender los valores que impidan la repetición de tales sucesos. De esta forma, la recuperación de la memoria histórica adquiere un componente regenerador y sumamente útil, que permite hacer más sólidos los principios que sostienen nuestra Constitución democrática.

Publicado en Fusión Asturias, diciembre de 2009.

OLVIDOS DEL ALAKRANA

Ahora que el secuestro del Alakrana ha finalizado parece que, de sopetón, y enredados algunos en la reprobación despiadada al Gobierno, se nos hayan olvidado algunas de las controversias vividas durante los 47 días del secuestro. Quizá incomode ahora recordarlo, pero la opinión mayoritaria en los momentos más delicados de este suceso requería incesantemente actuaciones dirigidas ante todo a la liberación de los marineros sin poner en riesgo su vida o su integridad física, admitiendo que otras consideraciones de legalidad quedasen en un segundo plano. Tras el desenlace, no sería honesto esconder que, durante días, se pidió, por no pocas voces y de forma casi abierta, que se pagase el rescate –o se facilitase su pago- y se liberase a los dos detenidos actualmente procesados ante la Audiencia Nacional. El apremio de los familiares de los marineros, humanamente comprensible y movido por la evidente angustia que un drama de esta magnitud provoca, y el tratamiento mediático efectista de los hechos tuvo un fuerte impacto social, que provocó, nada más y nada menos, la conciencia casi generalizada de que acceder al chantaje era, simple y llanamente, la única salida. Como resultado, la sensación provocada era que la demanda popular justificaría que todo el armazón jurídico que rige la convivencia y el orden social, el del Estado de derecho, el de la legitimidad democrática de las leyes y de los instrumentos dirigidos a hacerlas cumplir, podía colocarse entre paréntesis en casos como éste, permitiendo que, a través de rendijas del sistema, éste acabase desvirtuado o, cuando menos, aparcado, ante la necesidad de salvar a los secuestrados. En la posición más extrema se situaron quienes (algunos aún lo hacen) descalificaban gruesamente la detención y procesamiento de los dos piratas detenidos, como ocurrencia o inoportunidad, proponiendo incluso modificar la ley o firmar tratados con un Estado fallido –Somalia- para buscar una rocambolesca solución ad hoc que permitiese desembarazarnos de lo que aparentemente era un problema irresoluble. No se puede negar que, indirectamente, se estaba pidiendo ésto, porque, a la vista de los similares secuestros precedentes, ¿qué otra cosa se reclamaba cuando se pedía a toda costa y de forma exasperada la rápida liberación sin peligro para los secuestrados? Desde luego, este acontecimiento permite interrogarnos sinceramente sobre la verdadera convicción que, en momentos de zozobra, atesora nuestra sociedad sobre el valor superior de la ley en la que, según se predica, sostenemos nuestro sistema de valores y convivencia. Por cierto que a esta dinámica dirigida a justificar socialmente la inaplicación –aunque fuese puntual- de la norma y la aceptación de las condiciones de los secuestradores, en buena medida contribuyó la posición inicial del PP incrementando irresponsablemente la presión hacia el Gobierno de forma difícilmente soportable por éste.
De esas semanas en las que transigir con las exigencias de los piratas casi se había convertido en exigencia, se ha pasado, una vez que se ha producido la liberación, a los aspavientos por el modo en que ésta ha tenido lugar. Efectivamente a cualquiera le puede parecer motivo de vergüenza, e incluso humillación, que el pago de rescates alimente una floreciente industria del secuestro marino ante la impotencia de la comunidad internacional. La sensación de que los autores quedan impunes (con algunas excepciones, entre ellas los dos detenidos) se ha extendido de tal modo que, como única solución temporal, se ha admitido la inusual dotación de seguridad privada en los pesqueros que faenan en esa zona del Índico y el mantenimiento de una costosa operación militar para tratar de impedir la repetición de estos crímenes. La legalidad y el orden internacional es posible que, objetivamente, hayan salido malparados de éste y otros secuestros que están afectando a numerosas embarcaciones en aquellas latitudes. Sin embargo, contrastando lo que ahora se recrimina con el clamor popular precedente, ¿es legítimo que quién alentó la presión al Gobierno ahora reproche la solución? ¿Es justo defender sólo a posteriori que hubiera sido una mejor opción el uso de la fuerza? ¿Habría aceptado la sociedad española –y los familiares de los afectados- una intervención militar para poner fin al secuestro? Si derivada de ésta, como parece altamente probable, se hubiera producido alguna víctima mortal o heridos graves entre la tripulación, ¿se habría asumido ese coste humano o ello hubiese sido a su vez fuente de censura? ¿Algún Gobierno sería capaz de asumir en su debe –no sólo político sino a nivel estrictamente personal- la vida de los marineros secuestrados ante una opinión pública que pedía cualquier cosa menos una solución armada de incalculables consecuencias? Y, ante la posibilidad de que se haya dado cobertura, del modo que sea, al pago del rescate, ¿realmente queremos saber toda la verdad y con todas las repercusiones?
No deja de sorprender la aparente seguridad –burdo artificio- con la que algunos representantes del PP parecen tener todas las respuestas y poseer todos los remedios, incluso ante avatares excepcionales como los vividos. En esta tesitura, nadie verdaderamente sincero consigo mismo y mínimamente comprensivo con las dificilísimas circunstancias protagonizaría un juicio inquisitorial como el que desea alentar la oposición a Zapatero. Las críticas exacerbadas que se oyen estos días no dejan de ser un ejercicio de oportunismo de la peor especie.

Publicado en Oviedo Diario, 28 de noviembre de 2009.

40 AÑOS DE MOVIMIENTO VECINAL

Hace una semana la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO) conmemoró el 40º aniversario del movimiento vecinal en España, con un modesto pero importante acto, por el alto valor simbólico que tiene esta celebración. Es ya dilatada la trayectoria del asociacionismo vecinal, desde su eclosión de la mano en muchos casos de los colectivos de oposición al régimen franquista. Efectivamente, el movimiento vecinal surgió en España al calor del despertar de conciencias frente al estado de cosas en aquellos años, siendo capaz de analizar conjuntamente la realidad más cercana –la del barrio y del municipio- enlazada a las circunstancias nacionales e internacionales, con, como recordaba estos días José Ramón Sariego (Presidente de la FAVO y de la Asociación de Vecinos “Fuente Pando” de Pumarín) una perspectiva politizada, en el buen sentido del término: ningún problema local es aislado o causal, todos son interdependientes y se conectan con los conflictos cardinales de nuestro tiempo. De este modo, en España el movimiento vecinal surgió con la fuerza y legitimidad otorgada por su capacidad para, en circunstancias difíciles para el ejercicio de libertades básicas, vertebrar la opinión de los ciudadanos de los barrios de la clase trabajadora y encabezar reivindicaciones sobre servicios básicos para la calidad de vida y la cohesión social.
Ha pasado desde aquel entonces un tiempo prolongado y bastantes cosas han cambiado, la mayoría para mejor. El sistema constitucional garantiza en buena medida esas libertades esenciales y valora positivamente la participación ciudadana en la vida política, social y cultural. Las ciudades han extendido los servicios básicos a prácticamente todos los barrios, y las redes públicas de equipamientos y servicios han mejorado notablemente, en particular en Comunidades Autónomas como el Principado de Asturias que han hecho de la apuesta por el sistema público sanitario, educativo y de protección social su principal objetivo (no sin dificultades ni algunas incertidumbres sobre su futuro sostenimiento). La consolidación de la democracia y la elevación del nivel de vida han hecho decrecer, a la par, la intensidad de algunas reclamaciones sociales y la combatividad del asociacionismo ciudadano, en parte por haberse visto satisfechas muchas de las peticiones esenciales, y en parte porque el ritmo de los tiempos nos ha llevado a una dinámica más individualista, menos consciente de la fragilidad de esas conquistas colectivas.
En ese contexto, el asociacionismo vecinal lógicamente ha experimentado cambios y ha pasado por crisis derivadas de la adaptación a las nuevas circunstancias. Pero sigue teniendo vitalidad, como hemos podido ver en nuestra propia ciudad, gracias sobre todo a reivindicaciones de carácter más puntual o ante la necesidad de requerir actuaciones públicas ante las importantes carencias de barrios de reciente desarrollo. Quizá falte, en contraposición, una mayor implicación de generaciones más jóvenes que permita asegurar el futuro relevo en el liderazgo vecinal, problema éste que se reproduce en otros ámbitos asociativos. Al mismo tiempo, en el caso del municipio de Oviedo, la notoria falta de apoyo institucional desde el Ayuntamiento también ha tenido sus repercusiones, ya que, con excepción de alguna medida puntual, se ha desalentado activamente la participación organizada en asociaciones y se ha negado sistemáticamente el otorgamiento a estas asociaciones de capacidad alguna de representación formal de los intereses e inquietudes vecinales. El resultado se comprueba en la inaplicación de las exigencias derivadas de la Ley 57/2003 de Medidas de Modernización del Gobierno Local, a pesar de contar con las previsiones reglamentarias municipales (muy discutibles, por cierto), al no haber creado los Consejos de Distrito o el Consejo Social de la ciudad, o no haber desarrollado muchas prácticas de fomento de la participación ciudadana, impidiendo que la opinión vecinal tenga cauces estables para trasladar sus inquietudes en el proceso de toma de decisiones en el ámbito municipal. En todo caso, a veces contra viento y marea, y pese a estos tiempos de relativa indiferencia e incomprensión ante los movimientos sociales, continúa vigente, más si cabe, el papel del asociacionismo vecinal; y especialmente en ciudades como Oviedo, donde el estándar democrático básico a veces no se respeta –como comprobamos en la actividad institucional local- y la cultura de la participación ciudadana no ha tenido suficiente recepción por el Gobierno local.

Publicado en Oviedo Diario, 14 de noviembre de 2009.

REALISMO Y SINCERIDAD EN LA REFORMA DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Hace unas semanas el Gobierno de España aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ha iniciado su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. La parte más polémica de esta iniciativa legislativa, obviando otra parte de su contenido, es el tratamiento que se da a la interrupción voluntaria del embarazo, modificando sustancialmente el enfoque jurídico precedente, introduciendo un sistema de plazos que permita la interrupción libremente en las primeras 14 semanas y en determinadas circunstancias excepcionales hasta las 22 semanas. El proyecto ha generado un frontal rechazo en algunos sectores sociales, eminentemente conservadores, con sonadas movilizaciones como la manifestación celebrada el 17 de octubre en Madrid, a la que asistieron también representantes de algunas asociaciones antiabortistas con actividad esporádica en Asturias. De estas protestas cabe percibir que, aunque se expresen ahora ante la reforma legal propuesta, su rechazo alcanza en su integridad al aborto –en cualquier supuesto, se diría-, reeditando argumentos y eslóganes de un debate que, aunque perenne por su naturaleza, ya tuvo su algidez a mediados de los años 80 y quedo parcialmente resuelto entonces. La postura dogmática esgrimida, no conviene olvidarlo, tiene como punto de partida una profunda incomprensión de las circunstancias de la mujer que enfrenta la decisión de interrumpir un embarazo, con la poco disimulada pretensión de privarle de la facultad de tomar tal determinación, admitiendo como posible, por lo tanto, la opción de que una mujer se vea obligada a llevar un embarazo hasta el final, contra su voluntad.
El cambio de enfoque que la reforma legal introduce es, en todo caso, necesario y responde a una realidad objetiva. Hasta la fecha el aborto, en la literalidad de nuestro ordenamiento, ha tenido un tratamiento eminentemente penal, considerando que sólo en una serie de supuestos justificados la producción de un aborto no era susceptible de reproche. Este planteamiento tuvo su reflejo en las limitaciones de la puntual reforma del anterior Código Penal (el de 1973) llevada a cabo –también con un intenso debate social y jurídico, recurso de inconstitucionalidad incluido- mediante la Ley Orgánica 9/1985, que introdujo, mediante un nuevo artículo en dicho Código, el 417 bis, la despenalización en los supuestos de grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer, embarazo a consecuencia de una violación, o si se presume que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas (con una serie de requisitos adicionales sobre acreditación de las circunstancias y plazo para la interrupción del embarazo). Precisamente el precepto introducido en el antiguo Código Penal es el único vestigio de éste aún invocado como norma vigente por nuestro derecho, lo que es síntoma de la dificultad, hasta ahora, de afrontar la reforma. En efecto, primero el Código Penal de 1995 (aprobado por Ley Orgánica 10/1995), y posteriormente la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, sustituyeron al Código Penal de 1973, salvo en el citado artículo 417 bis, que complementa la regulación del actual Código Penal, y que sigue siendo la referencia normativa que recoge los casos en que el aborto queda fuera de la persecución y castigo penal.
Como es de común conocimiento, la interpretación que, a lo largo de los años, se ha venido haciendo de los supuestos de despenalización ha sido bastante extensiva, de modo que se ha generado una conciencia colectiva sobre la posibilidad efectiva de abortar libremente, aunque la interrupción no sea posible realizarla, por lo general, en el sistema sanitario público (por lo tanto con la necesidad de sufragar el coste de la operación en centros privados) y además desde el punto de vista formal haya que seguir invocando supuestos como –el más habitual- el peligro para la salud psíquica de la mujer embarazada. Esta realidad, unida a otras muchas circunstancias sociales, empezando por las importantes insuficiencias en materia de educación sexual (que el Proyecto de Ley también pretende contribuir a resolver), explican en parte el fuerte incremento de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en España, ya que según los datos estadísticos del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, en 2007 se alcanzó la cifra de 112.138 abortos frente a los 53.847 de 1998, casi duplicándose la tasa de interrupciones practicadas (de 6 por cada 1.000 mujeres en 1998 a 11,49 en 2007), de las cuáles el 97% se produjeron en centros privados. En Asturias, la tasa es inferior a la media (7,72 abortos por cada 1.000 mujeres en 2007) y se mantiene relativamente estable en los últimos años; por cierto, algo tendrá que ver en estos datos de nuestra Comunidad el continuado esfuerzo desplegado en materia de educación sexual en el ámbito educativo, juvenil y en las políticas de salud pública.
Es razonable afirmar que la realidad social ha superado claramente la regulación hasta ahora vigente, pero este desajuste provoca aún situaciones de inseguridad jurídica para mujeres que han decidido la interrupción del embarazo, y para los profesionales sanitarios que participan en la operación. La reforma legal en curso, en consecuencia, supone corregir una disfunción en nuestro ordenamiento jurídico, adecuándolo a la realidad social mayoritariamente aceptada, permitiendo un tratamiento no exclusivamente penal de la interrupción voluntaria del embarazo, y confiando a las mujeres la capacidad de decidir sobre su propio embarazo. Al mismo tiempo, se encara una realidad -que es y será necesariamente conflictiva en el debate ético- superando la hipocresía dominante en la aplicación de la actual regulación.

Publicado en Fusión Asturias, noviembre de 2009.

AL FIN, LISBOA

La bella y destartalada capital portuguesa acogió el 13 de diciembre de 2007 la firma del Tratado al que ha prestado su nombre, mediante el cuál se reformó a su vez el Tratado de la Unión Europea, pretendiendo cerrar con dicho acuerdo la importante crisis abierta por el fracaso del proceso de ratificación de la llamada Constitución Europea. En aquel momento, la zozobra causada por el resultado de los referéndums celebrados en Francia y Holanda, en la primavera de 2005, y el insalvable naufragio del proceso dirigido a simplificar y refundir el derecho primario de la UE en el Tratado Constitucional, inauguraron un periodo de crisis institucional sin precedentes en el proyecto comunitario, acompañado de una creciente apatía popular hacia los objetivos y realizaciones de la construcción europea. Como forma de superar la incertidumbre e introducir las reformas necesarias –sobre todo las concernientes a la arquitectura institucional de la UE- el Tratado de Lisboa recogió las modificaciones prioritarias, con menos alcance y ambición, pero en la misma línea que la non nata Constitución Europea.
La ratificación del Tratado de Lisboa tampoco ha estado exenta de sobresaltos, empezando por el resultado del primer referéndum en Irlanda y pasando por los devaneos de los presidentes de Polonia y República Checa, amparado este último en argumentos peregrinos que no esconden su estrecha visión. La explicación del tortuoso camino a Lisboa no es, sin embargo, sencilla, ni sirve quedarse en imputar responsabilidades a unos pocos por los problemas que afectan, de raíz, al proceso de perfeccionamiento y profundización de la integración europea.
Por un lado, la cesión efectiva de competencias de los Estados hacia la Unión tiene indudables consecuencias de índole constitucional, con lo que el encaje de esta transferencia de poder no siempre es sencillo. La primacía del derecho comunitario en los ámbitos competenciales atribuidos a la Unión ha acabado teniendo un impacto notable, y la producción normativa comunitaria se ha hecho intensísima, predeterminando también buena parte de los programas legislativos de los parlamentos estatales e incluso los de las regiones con competencia legislativa. Cada vez más, en consecuencia, la interdependencia entre los países de la Unión, y la fortaleza y facultades de las instituciones comunitarias afectan en la práctica (supuestamente sin cuestionar su fundamento teórico) a los presupuestos constitucionales de los Estados miembros, con las consiguientes tensiones que este proceso comporta.
Por otro lado, los avatares políticos en algunos países de la Unión, en un contexto de deterioro de la situación económica, han creado un clima propicio al recelo hacia la actuación del poder comunitario, creando el caldo de cultivo favorable a posiciones oportunistas, euroescépticas –o contrarias directamente a la UE- y a un renacido populismo, con reflejo no sólo en el apoyo a algunos partidos políticos de tendencia extremista o disgregadora, sino también en una más extendida e inquietante desconfianza hacia el proyecto comunitario de quienes, a pesar de la necesidad de actores globales, miran nuevamente a las causas nacionales como referencia.
Finalmente, el indudable déficit democrático de las instituciones europeas, que subsiste pese a los intentos de corrección, también influye. Por pura inercia política, pese a los intentos de crear contrapesos de orientación federal, el centro de gravedad aún continúa principalmente en la esfera intergubernamental, como veremos en el proceso que ahora se abrirá para la designación del futuro Presidente del Consejo Europeo y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Las facultades del Parlamento, aún incrementadas, siguen siendo insuficientes, por ejemplo en lo relativo a la iniciativa para la aprobación de actos legislativos. La sensación, extendida, de falta de control democrático a la actividad ordinaria de la Comisión, empezando por su enorme dinamismo regulador (muy superior al de los Gobiernos de los Estados) tiene bases objetivas, aunque se vayan mejorando mecanismos de responsabilidad política ante el Parlamento. Y, sobre todo, la falta de un demos europeo, que se pudiese estructurar suficientemente mediante la representación política, y que fuese el verdadero protagonista del proceso de integración, representa una dificultad de primer orden.
La previsible entrada en vigor del Tratado de Lisboa, su aplicación y desarrollo, ofrecerán, por lo tanto, una oportunidad para recuperar las expectativas de un nuevo impulso para el proyecto común de los europeos. No obstante, sólo desde una perspectiva ambiciosa y crítica –positiva, pero crítica- se podrá continuar avanzando en el proceso de integración, evitando que el fulgor de la esperanza europea se vuelva tenue y sombrío.

Publicado en Oviedo Diario, 31 de octubre de 2009.

MOSCAS A CAÑONAZOS

He seguido con gran interés el debate suscitado en los últimos días a raíz de la presentación, por parte del Equipo de Gobierno municipal, del Proyecto de Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, que se encuentra actualmente en tramitación en el Ayuntamiento de Oviedo, y que previsiblemente se aprobará merced a la mayoría absoluta con la que cuenta el Partido Popular en la Corporación, con pocos o ningún cambio sobre el texto propuesto. Sorprende en primer lugar, y puede ser un error de estrategia política de bulto, que el propio Gobierno local plantee esta cuestión de la forma en la que lo ha hecho, sacando a la luz sin debate ciudadano previo, sin una aparente justificación acreditada y dando por hecho su aprobación, un Proyecto de Ordenanza en el que predomina el carácter sancionador, y que desgrana –y castiga- diferentes conductas consideradas incívicas, aludiendo a una imperiosa necesidad de reprimir tales comportamientos como si la ciudad se encontrase enormemente acuciada por problemas de inseguridad y vandalismo. Pero lo cierto es que no parecía existir una intensa demanda social de una normativa como la sugerida, ni, por fortuna, los problemas de esa naturaleza son en la actualidad de la magnitud que nos han pintado, a pesar de episodios puntuales.
Hasta ahora, al menos, se puede presumir de que, en el conjunto de Asturias, y desde luego en Oviedo, se disfruta de unos niveles de seguridad razonables y de una adecuada convivencia, en términos generales, y es esa relativa tranquilidad, y el clima de tolerancia y respeto al que se asocia, uno de los activos más importantes con los que contamos. Claro que ésto no es gratuito, y que requiere un importante esfuerzo, empezando por garantizar una mínima cohesión social que impida que queden fuera de juego capas enteras de la población, y siguiendo por la necesaria reflexión sobre la importancia de preservar los derechos de los conciudadanos. Y claro que, en un contexto general de incremento de tensiones, de crisis económica y de fuerte tendencia individualista existen conductas incívicas e insolidarias y problemas de inseguridad que nos deben preocupar, y a los que hay que dar respuesta, también desde el punto de vista punitivo si es necesario. Pero, hoy por hoy, visto en conjunto, y sobre todo en comparación con otras ciudades, regiones y países, en Oviedo, antes de emprender a la ligera cualquier senda prohibicionista, tenemos que valorar positivamente el aceptable nivel de seguridad en el que vivimos.
El error, en el caso del Proyecto de Ordenanza del que hablamos, surge cuando, a determinadas pautas de comportamiento que generan molestias a terceros o que impiden el uso normal del espacio público, se responde de forma escasamente reflexiva, alimentando la espiral sancionadora y dando una respuesta eminentemente represiva, que además, como el propio Gobierno local reconoce, es importada de otras ciudades bien diferentes y cuya eficacia no está ni mucho menos contrastada. En primer lugar, se está transmitiendo a la sociedad un mensaje que puede ser equivocado, exaltando por sistema las políticas de mano dura, ante una realidad que no es tan crítica como para dar un tratamiento de excepción, y cuyos conflictos pueden además abordarse desde otras perspectivas. En segundo lugar, a la hora de identificar qué conductas merecen reproche y castigo, se aplica una visión profundamente conservadora, dirigida a esconder problemas sociales antes que a afrontarlos (mendicidad o prostitución, por ejemplo), o que directamente coloca en el disparadero algunas prácticas cuyo presunto perjuicio social es bastante discutible, tómese como ejemplo la pretendida prohibición del skate fuera de espacios autorizados, la limitación de juegos deportivos en la calle, la venta de clínex en un semáforo o incluso, en determinados casos (con todas las cautelas razonables), que un grupo de jóvenes se sienten en un parque a tomar unas copas, porque, y ésto aunque parece obvio hay que recordarlo, no todo el consumo de alcohol en la vía pública acaba en vomitonas, escándalos, suciedad y comas etílicos.
Quizá fuese necesario tipificar algunas conductas lesivas y sancionarlas, como hace el Proyecto de Ordenanza. Pero una regulación como ésta hubiera sido merecedora de un debate previo más amplio, con intervención de las asociaciones ciudadanas y voluntad de acuerdo social y político, y, sobre todo, con una visión mucho más amplia –educativa y de promoción del civismo- a la que el Ayuntamiento parece haber renunciado.

Publicado en Oviedo Diario, 10 de octubre de 2009.

LA ENCRUCIJADA DE LAS REFORMAS FISCALES

La crisis económica, el incremento del gasto público, el coste de los estímulos a la actividad, y el recorte de ingresos de la hacienda pública han puesto encima de la mesa, de forma abrupta e inaplazable, el debate sobre política fiscal, abierto en canal en las últimas semanas en el ámbito estatal y con réplicas en las Comunidades Autónomas; también en Asturias, donde, además, el debate sobre la orientación del gasto ocupará muchos esfuerzos en la determinación de los próximos Presupuestos Generales del Principado. Las circunstancias han hecho imprescindible abordar, a nivel estatal, algunas reformas tributarias que pretenden incrementar la recaudación, elevando ligeramente la presión fiscal y que, en el momento de redactar estas líneas, aún están por determinar en gran parte. Por lo pronto, a falta de la necesaria concreción que ponga fin a las conjeturas, se ha hablado de gravar más las rentas del capital y subir algunos impuestos indirectos; se ha recordado la necesidad de profundizar en la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales, además de otras consideraciones como analizar la tributación de las grandes fortunas, la utilización que éstas hacen de las SICAV (sociedades de inversión de capital variable) y otras formas dirigidas a pagar menos tributos, etc. Las urgencias del momento y la necesidad de contener la escalada del déficit público posiblemente impidan que el análisis que se efectúe cuente con el sosiego necesario para poder examinar, en perspectiva, el acierto o desacierto de las decisiones fiscales tomadas en los últimos años y la orientación que quiera adoptarse para el futuro
No obstante, una decisión fundamental, de carácter previo, sí se ha tomado, al situar el Gobierno estatal como prioridad el gasto para el mantenimiento de los servicios públicos y el pago de las prestaciones económicas que constituyen la red de sostenimiento para las capas más desfavorecidas ante las consecuencias más duras de la crisis. Esta opción, junto con la negativa a imponer sin acuerdo medidas de flexibilización del mercado laboral, marcan el carácter social de las políticas de respuesta a la crisis. De esta forma, pese a la virulencia de la recesión y las diferentes consecuencias que comporta, el hecho es que estamos atravesándola sin la aprobación, hasta el momento, de recortes de prestaciones y servicios, y sin deterioro –en la ley- de derechos sociales y laborales, lo cuál, tomando como referencia las medidas restrictivas adoptadas en otros periodos de crisis, no tiene parangón y merece ser destacado. En el caso del Principado de Asturias, en la misma línea camina el Gobierno autonómico, por cuanto se ha continuado con el fortalecimiento de políticas inclusivas (desarrollo del sistema de dependencia, salario social, etc.) y no se barajan retrocesos en el acceso y alcance de los servicios públicos.
La apuesta del Gobierno estatal cuenta con numerosos detractores, algunos de los cuáles plantean que, a la larga, puede resultar insostenible e incluso contraproducente esta decisión, porque algunas ineficiencias del mercado de trabajo, el elevado déficit y el incremento de la presión fiscal pueden retrasar la recuperación. Es una inquietud legítima y digna de ser sopesada; sin embargo el resultado de la orientación solidaria de la respuesta a la crisis tiene un aspecto indudablemente positivo, puesto que, pese a las importantes dificultades, no se ha resquebrajado la cohesión social ni se ha producido un incremento incontenible de la tensión laboral.
El carácter social de las respuestas a la crisis se pondrá nuevamente en juego a la hora de decidir qué tipo de reformas fiscales se emprenden. A lo largo de los últimos años, con la intención de corregir algunos desajustes e incentivar la actividad económica, se ha asistido a una tendencia generalizada, de la que han participado, cada una en su ámbito competencial, Estado y Comunidades Autónomas (en menor medida en el caso del Principado de Asturias, que ha sido más prudente en la regulación de ventajas fiscales), de reducción de determinados impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sociedades, Sucesiones y Donaciones, por ejemplo) y de incremento de impuestos indirectos y otros tributos, como las tasas, que no consideran las circunstancias económicas previas del contribuyente. El resultado ha sido una objetiva disminución de la progresividad del sistema, que ha perdido carácter reequilibrador, dejando a las prestaciones y servicios prácticamente todo el peso en la redistribución de la riqueza.
Ahora, en una coyuntura en que se plantea, por necesidad, acometer reformas fiscales –aunque sólo en el ámbito estatal-, y en un periodo en que se pretenden corregir algunos errores del pasado, cabe subrayar el papel que la política fiscal juega a la hora de reflejar un orden de prioridades políticas, puesto que el sistema tributario incide fuertemente no sólo en lo que el Estado ingresa, sino también en cómo –de forma más o menos justa- se distribuye esa carga entre los ciudadanos.

Publicado en Fusión Asturias, octubre de 2009.

DÍAS DECISIVOS EN HONDURAS

La audaz maniobra del depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, retornando al país de forma clandestina y obteniendo la protección de la embajada brasileña en Tegucigalpa, ha permitido que retornase a primera plana de los medios de comunicación de todo el mundo la crisis política e institucional que vive el país centroamericano. La sumisión de la actualidad informativa a lo inmediático había colocado en segundo plano durante las últimas semanas la situación hondureña, ante la relativa inacción de la comunidad internacional, de modo que, superada la zozobra inicial provocada por el golpe de Estado del 28 de junio pasado, y fracasados los intentos iniciales de restablecimiento de la normalidad democrática, se había comenzado a extender la sensación de afianzamiento del nuevo status quo, y, a la par, parecía haber minorado la preocupación por la ruptura del orden constitucional en aquel país.
Sin embargo, como suele suceder en estos casos, que no ocupase portadas en periódicos e informativos no significaba que los acontecimientos en Honduras no continuasen resultando preocupantes y dignos de mejor atención. En este sentido, y desde la perspectiva de nuestra tierra, es de interés el trabajo que ha desarrollado la Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras, promovida por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, y que realizó su misión sobre el territorio entre el 30 de julio y el 6 de agosto, entrevistándose con diferentes movimientos sociales y recibiendo informes de diversa procedencia sobre la espiral de represión que se originó (incrementándose hasta hacerse sistemática) desde el comienzo del golpe y la expulsión del presidente constitucional hondureño. Otras fuentes dan cuenta también de la aplicación de los viejos métodos del golpismo reaccionario, que se creía felizmente desterrado de la realidad latinoamericana: intimidación y hostigamiento a opositores, detenciones arbitrarias sin cargos ni juicio, censura de las voces críticas y persecución de la libertad de expresión, brutalidad y torturas a cargo de fuerzas militares y de seguridad, e incluso algunos casos de asesinatos y denuncias de desapariciones, al más puro estilo pinochetista o videliano. En definitiva, una crisis de derechos humanos de primer orden, y, lo que es preocupante, la reaparición del sistema dictatorial –con mayor o menor descaro- en la zona, rompiendo la positiva trayectoria que, en los últimos 20 años, había devuelto a América Latina a la estabilidad democrática (con la penosa excepción cubana) y, de la mano, al progreso económico e incluso a la incipiente lucha para superar las enormes desigualdades sociales que aún subsisten.
Es lamentable, por otra parte, que desde algunos ámbitos –y no pocos medios de comunicación- se haya tratado de explicar y casi justificar la usurpación del poder acontecida en Honduras, situando como contendientes, pero en el mismo plano de legitimidad, a gobernantes elegidos democráticamente, como los presidentes de Bolivia, Ecuador y, sobre todo, Venezuela, frente al golpismo representado por el presidente hondureño de facto, Roberto Micheletti. Puedo estar de acuerdo con algunas críticas hacia la deriva populista de lo que se ha venido en llamar el movimiento bolivariano, sobre todo en el caso de su líder regional, el presidente venezolano Hugo Chávez, cuyas veleidades autoritarias son conocidas. Pero, en estas circunstancias, como ya sucedió con el intento de abril de 2002 en Venezuela o con las maniobras desestabilizadoras en Bolivia, hemos vuelto a comprobar cuál es la única alternativa que los poderes fácticos articulan en su contra: la quiebra constitucional y el golpismo.
El capítulo histórico que se vive estos días en Honduras sólo puede, necesariamente, tener un final si se pretende afianzar el proceso democrático latinoamericano. En este caso, la presión de la comunidad internacional debe ser lo suficientemente eficaz, y lo suficientemente comprometida –siguiendo honrosas actitudes como la demostrada en este conflicto por el presidente brasileño- de modo que los esfuerzos de mediación vengan acompañados de la firmeza precisa que permita, sí o sí, el restablecimiento del proceso constitucional en Honduras.

Publicado en Oviedo Diario, 26 de septiembre de 2009.

DE PUÑOS Y SÍMBOLOS

Es curioso que el debate público haya tenido en los últimos días a los puños en alto de Rodiezmo como protagonistas, y a la vez como argumento para la crítica descarnada al Presidente del Gobierno, sometido a una nueva tormenta de descalificativos de toda clase en algunos medios de comunicación. Todo esto sucede cuando Zapatero lleva aceptando desde hace ya varios años la invitación para acudir a la campa leonesa, así que no hay novedad en su asistencia. Ahora ha sido objeto de atención, a diferencia de otras ocasiones, quizá porque los ánimos de los adversarios están aún más encrespados de lo habitual. La furibunda arremetida de comentaristas conservadores y representantes del PP contra los gestos de la izquierda –pañuelo rojo, puño en alto y canto de La Internacional socialista-, tiene una espesa carga de rabia bastante irracional, que proviene de cierta mala conciencia de la derecha, que en España viene de donde viene, y que nunca ha dado ni un milímetro de confianza a cualquier gobernante progresista (recordemos los habituales insultos a Felipe González, no hace tanto).
Lo primero que hay que recordar es que la Fiesta Minera Asturleonesa de Rodiezmo, que tiene ya una importante tradición y ha adquirido una notoria relevancia pública, no la organiza ni el Gobierno ni el PSOE, sino el sindicato UGT a través de su federación minera. Es un acto de defensa de un sector –la minería del carbón- y un territorio –las comarcas mineras de Asturias y León-, pero también es un evento de reivindicación sindical e ideológica, que pretende entroncar con la trayectoria histórica de lucha por los derechos de todos los trabajadores, combate que siempre requirió demostrar fuerza y tenacidad y que no se hizo –ni se hará- sólo con beatíficas apelaciones. En ese contexto, no debe extrañar la utilización de los símbolos tradicionales de los movimientos de los trabajadores, y no tiene que sorprender que se empleen con carácter conmemorativo y para recordar los ideales más elementales de los que se nutre la izquierda desde los albores del movimiento obrero: la igualdad y la solidaridad entre los trabajadores. Por otra parte, aunque se pretenda distorsionar la asistencia del Presidente, pintándolo como un radical ultraizquierdista por participar en este tipo de actos, se trata sólo de una caricatura interesada por los críticos, puesto que, como es sabido, no es la UGT un sindicato antisistema ni el PSOE un partido extremista; ambas son organizaciones de orientación socialdemócrata que han evolucionado con la sociedad –por eso tienen una elevada representatividad-, que han adaptado las respuestas sindicales y políticas, respectivamente, a las realidades con las que han tenido que bregar, sin renunciar a su historia (sin santificarla tampoco, admitiendo, en perspectiva, los errores) y tratando de hacer prevalecer legítima y democráticamente sus postulados en el debate de ideas y estrategias.
Personalmente, creo que, aunque a veces se abuse de los símbolos, y aunque no sea muy partidario de recrearse en éllos más de lo necesario, los emblemas juegan aún un papel del que no hay que desprenderse a las primeras de cambio. Además, no es equiparable la antigüedad de un símbolo con su supuesta inutilidad o la pérdida de su valor. Y en modo alguno me parecen tolerables las comparaciones hechas por los dirigentes del PP –esos que utilizan la palabra “sindicalista” como insulto-, entre los símbolos de la lucha obrera y los del fascismo. Por cierto que, si de hacer comparaciones se trata, prefiero que el Presidente abra el curso político en un acto sindical de discursos, fraternidad y tortilla de patata, que en una cena con VIPs demasiado aficionados a los bolsos de Vuitton y los trajes a medida.
Puedo entender que a los menos versados en el análisis político e histórico les llame la atención la utilización, en algunas circunstancias, de determinados símbolos. La inalterabilidad de éstos a veces permite cuestionarlos, pero esto no sólo sucede con himnos o gestos partidarios. Por poner un ejemplo palmario, La Marsellesa, que, más allá de su componente nacional, a no pocos evoca la pasión de quien se libera del yugo (y que dio pie a momentos cinematográficos inolvidables como su canto en el Rick´s Café de Casablanca), incluye entre sus estrofas llamamientos a que corra la sangre impura de los enemigos, inflamando al personal para la milicia. Así que, al igual que en París sustituyeron la guillotina por el obelisco egipcio y llamaron al cadalso Plaza de la Concordia, que no se asuste la CEOE, ni Rajoy, ni su primo escéptico porque en Rodiezmo se cante a favor de hundir el imperio burgués.

Publicado en Oviedo Diario, 12 de septiembre de 2009.