HABLAR DE SU LIBRO (Y, PRIMERO, REESCRIBIRLO)

Uno de los muchos problemas que durante años lastraron las posibilidades electorales de Izquierda Unida fue la tendencia a posicionarse por referencia a su relación con el PSOE. La sustancial diferencia de apoyos que desde 1977 ha situado al PSOE como fuerza mayoritaria de la izquierda, con la decepción consiguiente para IU (desde la determinante para el PCE en las primeras elecciones generales hasta hoy), incluso en épocas de fuerte desgaste de los socialistas en las que soñaba con un sorpasso que nunca se produjo, llevó a IU a un debate recurrente sobre qué papel jugar, sobre todo cuando el PSOE ha necesitado apoyos, bien para afianzar su mayoría relativa, bien para desbancar en la suma de minorías al PP cuando la aritmética de escaños y concejalías llevaba a esta disyuntiva.  Ha habido épocas bien distintas, desde la teoría de las dos orillas de Anguita y la dura confrontación con Felipe González, hasta el posibilismo de Frutos alcanzando un acuerdo (bastante estéril) con Joaquín Almunia, pasando por la disposición favorable al acuerdo de Llamazares en la primera etapa de Zapatero, escaldada la izquierda de la Aznaridad y alentada por las medidas de política social y derechos civiles. El dilema, sin embargo, a la postre era esencialmente el mismo, incluso lo sigue siendo hoy, allá donde los votos de IU son decisivos; véase la disparidad y los conflictos asociados, por ejemplo, en relación con su posición en Extremadura, Asturias o Andalucía.

La vertiginosa transformación de la vida política en los últimos meses, a raíz del rápido deterioro electoral del PSOE, de los estragos que la crisis ha causado en la cohesión social, de la erosión del sistema político representativo y de la aparición de nuevas agrupaciones dirigidas a canalizar el descontento, está dando lugar a un fenómeno singular. El PSOE, pese a mantener una representación institucional mucho más numerosa; aun obteniendo un apoyo electoral que en su momento más bajo (las recientes elecciones al Parlamento Europeo) es superior a la suma de votos del resto de partidos de la izquierda; pese a situarse –al menos teóricamente- en el espacio político del centro-izquierda en el que a priori tiene más facilidad para identificarse con una mayoría social moderada; y aunque disponga de más espacio informativo, trayectoria, estructura y presencia territorial, ha dejado de ser el partido político al que el resto de fuerzas del centro a la izquierda se refieran al establecer sus coordenadas en el tablero. El debate cardinal en el resto de partidos de este espectro no es cuál será su relación con el PSOE ante cualquiera de las alternativas a que den lugar las próximas elecciones autonómicas y locales, seguramente muy fragmentado y de difícil gobernabilidad (si se mantiene la tendencia que reflejan las últimas encuestas, aunque de momento todo esté muy abierto). El paradigma táctico ha cambiado y lo que está bajo escrutinio es si cabe para el PSOE un escenario en el que busque el improbable apoyo de Podemos si lo necesita o qué situación se dará si éste se aproxima (o incluso lo supera, según de qué territorios se trate) en el apoyo ciudadano que consiga. Y para IU, bajo la amenaza de pasar a resultados discretísimos, qué opciones existen de confluencia en candidaturas conjuntas con Podemos, y si es ésta una solución correcta y conveniente. Pero, especialmente, lo que obsesiona en ambos partidos es qué actitud, posición, discurso y estrategia adoptar en relación con el lenguaje, métodos y propuestas de Podemos, lo que consume una parte muy relevante de intervenciones, análisis y decisiones, en medio de bastante desconcierto por lo imprevisible del contexto.

Evidentemente, es una dinámica que se retroalimenta. Cuanto más tiempo entregan PSOE e IU en sus mensajes a la ciudadanía a valorar a Podemos, más relevancia otorgan a la fuerza emergente. Si la pretensión, particularmente en el caso del PSOE, pasa a ser desacreditar la solvencia política y rigor del competidor, el resultado puede ser distinto del esperado, porque ahonda en el antagonismo en el que Podemos parece sentirse muy cómodo; y porque nutre el escepticismo de muchos potenciales votantes cuyas simpatías han fluctuado del PSOE a Podemos y a los que legítimamente disgustará la descalificación tajante de un nuevo actor cuyo éxito debe bastante a la pérdida de credibilidad sufrida por el PSOE y aún no reparada.

En mi opinión, el PSOE, que en 2015 se juega perder el papel central jugado en la democracia española, tendría que, además de acelerar su estrategia de renovación política, revertir su estructura inadaptada a las nuevas formas de hacer política y hablar y pensar más (consigo mismo y sobre todo con los ciudadanos) en sus propuestas ante las expectativas del electorado; más en venir a hablar de su libro –que diría Umbral-, que en arremeter frente a Podemos. Si la construcción del discurso político se basa constantemente en posicionarse por referencia a lo que haga o diga Podemos (el mismo virus que limitó a IU por su referencia sobre el PSOE) y en alertar de los riesgos que advierten en el triunfo de Podemos, acabará entregándole la centralidad del escenario y la iniciativa a esta fuerza, que puede no desaprovechar la oportunidad que tiene por delante.  Y si, peor aún, el hilo argumental del discurso es el choque directo y el ataque sin ambages (incluso con errores de manual), se admitirá entrar en debates simplificadores y en la terminología que se dice repeler; es decir, en el terreno en el que Podemos ha querido situarse desde el principio y en el que ha colocado su cuña con acierto en un ingente sector del electorado (a cuyo favor el PSOE puede, en una parte no pequeña, aspirar), perdiendo definitivamente a los que ya dieron el paso de cambiar la papeleta por la de Podemos, e incluso a más si la regeneración iniciada por Pedro Sánchez perdiese fuelle.

Gonzalo Olmos

TRES INTRUSOS

Como, pese a todo, vivimos en un país bastante potable, muchas personas no se han tomado la molestia de sentarse un solo día, ni siquiera por interés sociológico, a ver en la televisión cualquier programa del corazón o show de entretenimiento en el que salga el primo del tío de un supuesto personaje público. Tampoco compran ninguna revista de la industria rosa, ni de las que glorifican el poder y el dinero ni de las más -llamémoslas así- populares. Consideran, con razón, que es una pérdida de tiempo y un aburrimiento infinito (¡quien aguanta 4 horas de Sálvame todos los días!). Sin embargo, también como la gran mayoría, saben perfectamente que la hija de Belén Esteban, de nombre Andreíta, por la que aquélla –como todas las madres por sus hijos- mataría, no se comía el pollo; y que la hija adoptiva de Isabel Pantoja, de nombre artístico Chabelita, ha tenido un crío extramatrimonial con un mozo con el que al parecer ya no se trata. Para saberlo no hace falta buscar cualquiera de las informaciones alusivas, ni ponerse a tiro de ninguna emisión que las aborde, ni siquiera zapear y detenerse unos minutos a contemplar con curiosidad de antropólogo el miserable y exitoso espectáculo de la telebasura y el pseudofamoseo.

Casi peor, porque se la considera seria, es lo que sucede con la información deportiva, es decir, teóricamente centrada en las competiciones y los resultados, pero en la que se recurre hasta la saciedad a lo paradeportivo, llenándola de futilidades y publicidad gratuita para el negocio que rodea los campos de juego, sobre todo en el caso del futbol. Puede uno no prestar una atención más que residual a la materia (lo que no excluye cierta afición, claro); pero de repente se da cuenta de que conoce los detalles, por ejemplo, de la sanción impuesta al delantero Luis Suárez por morder a otro futbolista, que el infractor se encuentra triste por cumplir el castigo, los recursos emprendidos y, peor aún, siente que se le invita a formarse una opinión sobre la materia (incluso a dejar que se sepa, al estilo del Presidente uruguayo).  A esto se suma la inflación de competiciones y la enervante sensación de que no dan un respiro a quienes, pongamos por caso, quieren encender una radio generalista cualquier tarde sin escuchar a comentaristas histriónicos cantando un gol.

Aunque a priori trate de asuntos enjundiosos de interés para todos, la necesidad compulsiva de los partidos políticos de cubrir espacios y repetir mensajes deja también su marca intrusiva, sobre todo cuando llegan los periodos menos intensos de actividad institucional o no hay acontecimientos de los que se juzgarían de rabiosa actualidad. Véase, por ejemplo (aquí el PP supera con creces en insistencia al resto), la utilización de segundos o terceros espadas o artificiales reuniones internas, teóricamente de trabajo o debate, pero en la práctica una excusa para mantener tensión, conservar cuota de pantalla y asegurar que no se perderá fuelle ni siquiera un fin de semana aparentemente plano. La verborrea partidaria, unida a la falta de credibilidad, abunda en el politiqueo simplón en el que perseveran pese a que el destinario sinceramente interesado por la política suele repeler que le vendan la moto y le traten como consumidor político y no como ciudadano consciente. Por eso resulta irritante admitir que un vicesecretario de algo, queriendo machacar con el discurso oficial una y otra vez, se cuele de forma destacada entre la ración informativa del día y además a su propaganda barata, reproducida casi sin filtro ni contexto, se le considere noticia.

Claro que  hay diferencias, en contenido y relevancia, entre los tres ejemplos expuestos a trazo grueso. Pero todos ellos tienen un denominador común: su carácter entrometido y la técnica de saturación empleada, hasta dejar en el público de destino adecuadamente colocado el producto que se promociona, dejando un sedimento bien compacto que, sin quererlo, ya forma parte de lo que a uno rodea cotidianamente, casi una huella “cultural”, diríamos. No hay escapatoria posible, te llega por uno u otro lado y acabas acumulando datos que te estorban como una costra, o incorporando a la forma de expresión, de debate o de discurso las prácticas empobrecedoras de aquello que te invade. No olvidemos que, en los informativos televisivos habituales, la parrilla de las cadenas de radio o los portales de internet más comunes (e incluso en la parte de la prensa escrita que aún confía en el estilo del tabloide y el sobrevuelo sobre la noticia), elegir los asuntos como lo hacen y otorgarles la relevancia que les confieren se hace siempre en detrimento de algo. En esa decisión, donde se la juegan en respetabilidad pero sobre todo en audiencia del medio, sabemos generalmente de qué lado cae la balanza. Tanto es así que cuando quieren lanzar un reportaje o entrevista (el género reflexivo por excelencia) sobre un asunto de fondo o con alguna persona de verdadero interés, te avisan, por lo infrecuente o secundario en el reparto de espacio, o para que cambies de canal, emisora o página cuando el ritmo de la exposición se haga más cadencioso. Mientras tanto, la dosis -en ocasiones tóxica- del contenido intrusivo te la comes siempre.

Publicado en Asturias24, 2 de septiembre de 2014.

TOMARSE EN SERIO EL PROBLEMA DE LA ENERGÍA

De entre las medidas adoptadas por el Gobierno del PP desde su victoria electoral en noviembre de 2011, una de las que mayor factura acabará pasando a este país es la contrarreforma energética emprendida, cierto es, con determinación, casi diría que con saña. Y no me refiero sólo a las consecuencias que pueden deparar los numerosos litigios en los que inversores internacionales cuestionan la aplicación retroactiva de la retirada parcial de los incentivos a las energías renovables, situación en virtud de la cuál España compite en 2014 por el liderazgo en el ranking de procesos iniciados en su contra en el CentroInternacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones, dependiente del Banco Mundial; o a los desajustes que comportaría cualquier pronunciamiento judicial a favor de los recursos que las empresas energéticas de toda condición y un buen número de comunidades autónomas han venido interponiendo frente a las principales piezas del engranaje jurídico de la contrarreforma.

Más allá de lo contingente, con ser de por sí graves sus repercusiones, lo que se dilucida es la capacidad de España para tener una industria energética que facilite condiciones competitivas adecuadas al conjunto de su tejido económico, que evite que su dependencia continúe pesando sobre la propia capacidad del país para decidir con libertad sus relaciones geoestratégicas y que esté en condiciones de propiciar un cambio de modelo hacia una producción energética renovable y sostenible medioambientalmente. Mejor decir lo que se dilucidaba, porque el Gobierno, pensando a corto plazo únicamente en atajar el déficit tarifario del sistema y en absoluto en cualquier otro de los vectores en liza, ha tomado decisiones que hipotecan el futuro de España y frustran las grandes esperanzas alumbradas en años pasados.

Así sucede con el mencionado recorte, incluso con efectos retroactivos, en los incentivos a la producción de energía en lo que hasta la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, se conocía como el régimen especial, frustrando el importante desarrollo alcanzado cuando se comenzaban a recoger los frutos del esfuerzo realizado y expulsando a inversores, tecnólogos, ingenierías, fabricantes y constructores fuera del mercado español, rumbo a otros destinos en los que aún se actúa consecuentemente con el objetivo de una industria energética sostenible y con el cumplimiento de compromisos en materia de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Lo mismo con el abandono de la idea de convertir a la producción en centrales de ciclo combinado en garante subsidiario de la continuidad del suministro, estando en la actualidad el importante parque construido en los años previos al inicio de la crisis bajo mínimos de actividad y las inversiones previstas, paralizadas o abandonadas. Y, en lo que se refiere al sector de hidrocarburos, igualmente estratégico para la seguridad energética, el estrangulamiento persistirá, pese a la importante capacidad refinera, mientras un país con escasas reservas haya dejado en la estacada el potencial sustitutivo del vehículo eléctrico o del sector de los biocombustibles (en España sólo opera en la actualidad aproximadamente el 10% de la capacidad productiva instalada de las fábricas de biocombustibles), precisamente cuando en otros países se avanza en el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Europea 2009/28/CE de Energías Renovables, favoreciendo además a los biocombustibles avanzados y certificados cuya materia prima no incide en el mercado alimentario ni en el cambio indirecto del uso del suelo.

Por otra parte, poco se hace en el sector eléctrico para acabar con el falseamiento de la competencia, la especulación asociada a la compraventa de energía o de deuda titulizada del sistema, o con los efectos perversos del oligopolio dominante, por cierto sin participación pública en ninguna de las empresas de referencia (contrariamente a las posiciones accionariales relevantes, aunque no siempre mayoritarias, que otros estados de la Unión Europea todavía mantienen respecto de las eléctricas de más arraigo en sus respectivos países). Cierto es que el temor reverencial a impulsar medidas que verdaderamente garanticen la competencia tuvo la notable salvedad del golpe en la mesa para evitar que la repercusión en el recibo de la luz de las disfunciones del modelo de subasta CESUR (Contratos de Energía para Suministro de Último Recursos) provocase un estallido social en toda regla, pero el problema de fondo persiste.

En este escenario, el Gobierno sigue lidiando con lo que considera urgente (manejar el déficit de tarifa, moderar el gasto asociado al apoyo a las renovables, permitir las prospecciones en el entorno de Canarias, algunos gestos a la galería, etc.) mientras olvida lo importante y borra de un plumazo las expectativas de cambio alumbradas en los años previos a la crisis. Así las cosas, no hay superación posible de la dependencia y, consecuentemente, la debilidad de España se acrecienta mientras las incertidumbres globales asociadas al control de las materias primas y los mercados energéticos continúa incrementándose.

Publicado en Fusión Asturias, septiembre de 2014. 

FRENAR LA MASACRE REPETIDA

El conflicto de Gaza nos permite comprobar, una vez más, los estándares morales sobre los que actúa la comunidad internacional. Parece cosa común, a juzgar por lo vivido, acostumbrarse a que, a resultas de episodios violentos de un conflicto de décadas en el que el pueblo palestino tiene motivos para perder la esperanza de una solución razonable y justa, cada cierto tiempo se produzca una agresión desproporcionada sobre Gaza que dejé tras de sí centenares de víctimas civiles, destrucción, humillación y pobreza. En esta ocasión, además, los ataques deliberados a objetivos civiles, escuelas, hospitales, mercados, medios de comunicación, instalaciones de las Naciones Unidas, infraestructuras para el abastecimiento de agua y energía, el desprecio por la vida de la población civil, la ausencia de compasión, la indiferencia a los llamamientos para cesar las hostilidades y la sensación de impunidad con la que se manejan los líderes israelíes, son elementos de especial gravedad que pueden llevar a una escalada de impredecible final. Por otra parte, la sociedad israelí, aunque plural, parece mayoritariamente entregada a un discurso belicista y segregacionista, que, además, no presagia ninguna voluntad de otorgar concesiones elementales para hacer viable una solución pacífica al contencioso histórico; y la ausencia de piedad, desgraciadamente, parece extenderse, banalizando el ataque como objeto de contemplación patriótica o trivializando el odio, ajenos incluso al viejo y de por sí cuestionable lema del “ojo por ojo”, ya que la asimetría de la respuesta a los ataques de Hamas es manifiesta.

            Ante el desastre humanitario en Gaza lo que sería esperable no es la retahíla de lamentos acomodados y condenas huecas. Los Estados y las organizaciones internacionales tienen instrumentos suficientemente poderosos para reaccionar con determinación ante la violación masiva de derechos humanos que se lleva a cabo contra la población palestina. Llegados a este punto de franco desprecio por la vida ajena, sería precisa una acción concertada que contemplase la adopción de sanciones económicas de alcance, el llamamiento a consultas de las representaciones diplomáticas o incluso el cierre temporal de embajadas y consulados, la suspensión o aislamiento en foros y organizaciones internacionales, el embargo de armas y material con doble uso civil y militar, la congelación de activos económicos del Estado de Israel y de sus dirigentes, la prohibición de entrada de éstos en terceros países y, ante la constancia de la comisión reiterada y deliberada de crímenes de guerra (violaciones del derecho internacional humanitario y en concreto ataques intencionados contra población civil, escuelas, hospitales, lugares religiosos, etc.) e incluso crímenes contra la humanidad (en la modalidad de actos inhumanos dirigidos, en un ataque extendido y sistemático, a causar gran sufrimiento a la población civil), la solicitud por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la correspondiente investigación y proceso a los responsables, ante la Corte Penal Internacional. No obstante, ninguna de estas acciones ni otras similares, que sin duda cambiarían el panorama, serán tomadas y, más allá de los reproches retóricos y los gestos de preocupación, no es de esperar que se adopten medidas eficaces ni que se desplieguen esfuerzos diplomáticos consistentes, para detener la sangría.

            Procede recordar, además, que nada tiene que ver el llamamiento a que concluya el horror y a que la comunidad internacional actúe decididamente, con otras consideraciones sobre el conflicto de fondo o sobre circunstancias históricas que habitualmente salen a relucir. Solicitar la debida reacción frente a una actuación netamente criminal, abusiva y espantosamente cruel no sitúa a quien lo pide en la condición de antisemita ni significa negar el derecho a la existencia del Estado de Israel. Tampoco significa desconocer las amenazas permanentes sobre la seguridad de Israel, las atrocidades que el antisemitismo ha deparado o el contexto convulso y en algunos casos regresivo que vive el entorno geográfico de Israel. De lo que se trata es, simple y llanamente, de clamar contra la comisión de crímenes que repugnan a la conciencia humana y de invocar los instrumentos del Derecho Internacional para frenar la catástrofe. Y, también, de evitar que la semilla del odio siga sembrada para generaciones enteras, con efectos desestabilizadores que afectan no sólo a la región sino, por su fuerte carácter simbólico, al mundo entero.

Publicado en Asturias24, 5 de agosto de 2014.

ENDEUDAOS Y ESPECULAD

Si uno se cree el discurso oficial y el telediario de RTVE, se supone que lo peor de la crisis económica ha pasado para no volver. De poco servirá, no obstante, el tedeum después de la peste (un poco como el de “El Ángel Exterminador”), para la parte no pequeña de la sociedad que queda descolgada, para muchos irremediablemente, como resultado de la crisis y los recortes de derechos sociales y laborales, que han convertido la pobreza y la precariedad en asunto de primer orden en España, aunque inexplicablemente esté fuera de la agenda política. Por otra parte, nadie debería precipitarse a cantar victoria o aferrarse a esperanzas todavía vaporosas (como se hizo a la ligera con los “brotes verdes” de 2010) cuando persisten incertidumbres enormes sobre las cuentas públicas, la solidez de las empresas o el sistema financiero y retornan problemas endémicos como el déficit exterior y la falta de competitividad (que evidentemente no pasa sólo por la reducción salarial). En todo caso, si salimos, lo hacemos en los huesos en cohesión social, tejido económico y confianza en las instituciones, cosas que tardarán años en reconstruirse, si es que alguna vez lo hacen.

Al declararse oficialmente la crisis, tan pronto como los empleados de Lehman Brothers salían de las oficinas con sus enseres en cajas, triunfaba el deseo, o al menos la invocación, de reformar el capitalismo, introducir regulaciones eficaces en los mercados financieros, gobernar la globalización y evitar que la economía real se viese arrastrada por una economía financiera pasada de rosca. Incluso se atisbó una cierta concienciación ciudadana sobre las trampas del círculo vicioso de consumismo y endeudamiento al que todos, con mayor o menor capacidad de gasto, habíamos sido invitados a alimentar con nuestra aportación entusiasta o inconsciente. No es que estuviésemos cerca de la catarsis y del deseo de vivir en Walden alejados del absurdo que nos reduce a la condición de productores / consumidores, pero quien más quien menos, al sufrir directamente o al ver a gente cercana pasarlo mal, se ha cuestionado el sentido de este modo de vida depredador y acelerado que deja a tantos tumbados sobre la lona.

Seis años después, con los efectos de la Gran Recesión aun sintiéndose y las heridas por cicatrizar, poco queda de los llamamientos al cambio de aquel entonces y cabe preguntarse si algo resta del juicio crítico que las penalidades espolearon. En el ámbito macro, desde luego, las grandes asignaturas dirigidas a frenar la economía especulativa y poner las operaciones financieras al servicio de la economía real siguen pendientes, aunque haya habido ligerísimos avances como la posición activa en políticas de recuperación de los bancos centrales, el retorno a la regulación de la banca de inversión en EEUU o los progresos hacia una tasa a las transacciones financieras en Europa, por ejemplo. Puestos al microscopio para observar las situaciones particulares, aunque numerosos consumidores no puedan pasar de la marca blanca y las vacaciones en casa de los abuelos (si tienen suerte), llama la atención el regreso de la publicidad masiva dirigida a transformar a cada modesto ahorrador (o dispuesto a negociar sobre cantidades en préstamo) en un especulador de nuevo cuño, capaz de operar personalmente desde su ordenador con divisas, derivados, futuros, materias primas y acciones, es decir, para echar madera a la caldera del turbocapitalismo en la que, probablemente, arderá si su fuente de ingresos es su trabajo; o para convertirlo, otra vez, en un adicto crónico al endeudamiento, no ya para adquirir viviendas de precio inflado en el extrarradio, sino para irse de vacaciones, cambiar su coche de diez años o –y aquí viene la parte más amarga- para dar oportunidades de educación a sus hijos o asegurarse asistencia sanitaria o social, ya que la desconfianza en los servicios públicos alimenta el deseo de conseguir estos bienes en el sector privado y por lo tanto incentiva un suculento mercado hasta ahora sólo parcialmente explorado.

Volvemos hacia la consagración de un supuesto capitalismo popular y sus aberraciones y a la exaltación del consumo como construcción personal, aunque cada vez esté más difícil para la mayoría que a duras penas se las apaña. Si nos dejamos llevar, no habremos aprendido nada de la crisis.

Publicado en Fusión Asturias, agosto de 2014.

TRABAJO, DEFLACIÓN Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA

A la hora de analizar los motivos de la crisis el discurso dominante introdujo como uno de los elementos nucleares de la explicación un supuesto exceso de garantías y derechos para los trabajadores y un gasto público desbordado en políticas sociales insostenibles. A la vista de las recetas preconizadas por los centros de poder económico y de los programas seguidos por la mayor parte de los países afectados por la recesión, parece claro que en el debate y en la decisión sobre las medidas adoptadas, pese a algunas resistencias, este planteamiento ha sido exitoso, aún orienta la agenda de los poderes públicos y continúa siendo alimentado por lobbies y medios que participan de esa estrategia. Según este enfoque, los derechos laborales y sociales tienen en su entraña un potencial elemento de riesgo para el crecimiento económico, porque provocan pérdidas de competitividad en un entorno globalizado donde alguien hará el mismo trabajo pagando salarios menores, sin tener tantos miramientos medioambientales y sin que se grave el beneficio obtenido, el empleo creado o las rentas derivadas del proceso productivo (la plusvalía, si nos ponemos clásicos), de una forma tan exigente para atender servicios públicos o políticas de provisión de bienes sociales. En cierto modo estoy simplificando, pero lamentablemente la aplicación de esa teoría ha arrumbado con cualquier sueño de progresar hacia formas de organización del trabajo más justas y llevaderas (la aspiración a la jornada de 35 horas parece una quimera y su promotora Martine Aubry una socialista utópica) y no figura entre las prioridades de ningún gobierno la ampliación de derechos sociales, económicos o culturales o la redistribución de la riqueza, contentándose en el caso de los ejecutivos progresistas con abrir la persiana de los servicios que se tengan y contener la hemorragia de derechos de todos estos años.

El problema es que de tanto despojar al sistema productivo de la costra de los derechos sociales y laborales para alcanzar ese estatus de supuesta competitividad buscado (como si no hubiese otras formas de mejorar la diversidad, forma, calidad y costes de lo que se produce), después de estos seis años de crisis comienzan a presentarse con una crudeza inusitada problemas que ponen en riesgo la viabilidad del modelo económico, precisamente por el empobrecimiento creciente de la población en situación más precaria, que ya no es una minoría. Difícilmente habrá unos niveles de consumo interno suficientes, necesarios para sostener el crecimiento, si el 20,4% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza, según la Encuesta de Condiciones deVida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), que lo cifra en 8.114 € de ingresos anuales para una persona y 17.040 € anuales para una familia de dos adultos y dos menores. No habrá un clima de consumo y ahorro propicio si los salarios se sitúan en un 6% menos que en 2010 y se avanza hacia modelos de temporalidad y precariedad en el trabajo que aseguren retribuciones inferiores (según el mencionado INE el sueldo medio de los trabajadores temporales fue en 2012 de 15.983 € frente al sueldo medio de 24.227 € de los empleados de duración indefinida). Y ninguna proyección de marca nacional realmente eficaz se logrará (aspecto que tanto preocupa al Gobierno de España) cuando la penuria infantil ha irrumpido virulentamente en la realidad social, con 2,3 millones de menores de edad en situación de pobreza, como se ha encargado de denunciar UNICEF.

Este proceso de depauperación no se debe sólo a que el tamaño de la economía española haya encogido y a que la organización del trabajo sea tan deficiente como para dejar al 26% de la población activa desempleada (dato de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2014) y por lo tanto dependiente de prestaciones, subsidios y solidaridad familiar. Trae causa también del amargo resultado alcanzado, en virtud del cuál desplegar un trabajo afanoso y esforzarse con sacrificio, ese que a decir del pensamiento dominante hacía falta realizar colectivamente, y que es lo único (nada más y nada menos) que la mayoría de la población tiene para salir adelante, no significará vivir dignamente, porque la primera consecuencia de la degradación del trabajo es que tener un empleo ya no sirve para asegurar medios suficientes para uno mismo y para los suyos; situación que se ha venido en llamar la pobreza laboral y que, evidentemente, es el primer desincentivo para buscar activamente un puesto de trabajo. A la par, la obtención de un empleo, lejos de ser un derecho o una contribución al progreso común, se ha instalado en la percepción colectiva como una concesión graciosa, algo que casi hay que mendigar y que para muchos ni siquiera merecerá la pena porque no abrirá las puertas a un desahogo material perceptible.

Cuando hablamos de deflación y de los riesgos de que la recuperación sea tenue o más bien propia de un estancamiento prolongado, precisamente hablamos, entre otras cosas, de a cuantas personas se ha dejado en la estacada no sólo ya como trabajadores con esperanzas y ciudadanos activos –a lo que deberíamos aspirar-, sino siquiera como consumidores de interés, que hasta ahora era lo que al menos prometía el sistema.

Publicado en Asturias24, 22 de julio de 2014.

ELECCIÓN DE ALCALDES, LAS DIFERENCIAS IMPORTAN

            

No ha estado Mariano Rajoy acertado al plantear de la forma en que lo ha hecho la elección directa de alcaldes. Primero, porque se saca de la manga la propuesta en un batiburrillo de ideas mal hilvanadas para tratar de dar alguna respuesta al desafecto de los ciudadanos hacia las instituciones, cuando lo que hace falta es un enfoque global y de fondo, más que remiendos. Segundo, porque es inevitable ligar la proposición a las expectativas electorales del PP en las elecciones municipales de mayo de 2015, en las que es altamente probable que pierda la mayoría absoluta en muchas capitales de provincia y puedan, en algunos casos, configurarse coaliciones alternativas en las corporaciones que permitan desbancarle de gobiernos locales significativos; de ahí la inmediata acusación de pretender modificar interesada e intempestivamente las reglas de juego, estando ya iniciado tras los comicios europeos el ciclo electoral 2014-2015. Y tercero, porque la falta de detalles del planteamiento efectuado es notable, empezando porque su propuesta supone, antes que nada, consagrar que la persona que encabece la lista más votada sea automáticamente quien acceda a la alcaldía, y eso no es exactamente lo mismo que la elección directa del alcalde; por cierto, actualmente esa es la consecuencia que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General prevé cuando ningún candidato alcanza la mayoría absoluta de los votos del Pleno, pero, evidentemente, la normativa actual no impide de inicio (como propone ahora Rajoy que suceda) la conformación de esas mayorías alternativas e incluso prevé, mediante la moción de censura constructiva, que así pueda ocurrir a lo largo del mandato.

Que la sugerencia ha sido poco meditada es irrebatible, entre otros motivos porque hace bien poco se ha sometido el régimen local en España a una profunda modificación, instrumentada mediante la muy cuestionada Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Parece claro que, además de las urgencias electorales, late el deseo de continuar reduciendo el Pleno de los ayuntamientos a un papel secundario, sin atribuciones ejecutivas, con mecanismos de control y orientación de la acción de gobierno menores que los de cualquier parlamento y, si triunfase la opción defendida por el PP, sin que la elección de alcalde dependiese de su composición. Tampoco se ha explicado cómo superar situaciones de bloqueo en las que sí puede existir una mayoría diferente dispuesta a acordar en positivo una alternativa a la de la fuerza que haya obtenido más concejales y que no ha alcanzado la cifra necesaria para gobernar en solitario.

La elección directa de alcaldes no es, sin embargo, un debate novedoso. Se ha venido discutiendo sobre esta alternativa desde hace un buen número de años, al calor del refuerzo del poder ejecutivo municipal que las sucesivas reformas de régimen local han alentado (cometiendo excesos dolorosos para el control democrático), de las tensiones ocurridas cada vez que en medio de un mandato triunfaba una moción de censura y de las medidas para evitar el transfuguismo, sobre todo cuando esta degeneración estaba detrás de cambios abruptos de alcaldía. Y, también, en un entorno, como es el local, más propicio para la relación entre representantes y ciudadanía, como forma de permitir a los vecinos optar directamente por la persona que encabece el Consistorio. El PSOE, por ejemplo, con esta última intención, propuso la elección directa de alcaldes en 2002 (siendo el asturiano Álvaro Cuesta, Secretario de Política Municipal), pero con una elección a doble vuelta, la primera coincidente con la elección de la Corporación y, en el caso de que nadie se alzase con la mayoría absoluta, la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Evidentemente, las diferencias con la preferencia expresada ahora por el PP no son sólo de matiz.

Estas cosas, en definitiva, son demasiado serias como para hacer aproximaciones poco rigurosas y que pecan de oportunismo. Si además contienen, revestidas del ropaje de una supuesta mejora de la articulación de las instituciones –que ni siquiera es tal- una erosión de su funcionamiento democrático, constituirían un elemento más de la involución que promueve la mayoría gobernante.

Publicado en Asturias24, 8 de julio de 2014.

QUE ALGUIEN HAGA ALGO

            A primera vista, que una ciudad cuente con 247.000 metros cuadrados de suelo público disponible en dos puntos cardinales distintos para redefinir la trama urbana del futuro es una oportunidad única de transformación como hay pocas en la historia de un municipio medio. Si a eso se junta que una parte de las edificaciones existentes pueden preservarse para un nuevo uso, pueden encontrarse ventajas adicionales para el cambio de destino. Claro que también puede uno verse abrumado por la situación y frotarse los ojos incrédulo por el incierto futuro mientras el abandono se come media ciudad; o entretener al personal con continuas disquisiciones y preservar en el lanzamiento de reproches a otros responsables políticos mientras la hiedra crece. En esta disyuntiva histórica se encuentra la ciudad de Oviedo, y aquí el adjetivo es merecido: el futuro de la ciudad se juega en El Cristo y La Vega y de momento  los poderes públicos pierden por incomparecencia.

            Se trata de articular la planificación urbanística necesaria; poner en coordinación a la Administración local, autonómica y estatal (determinante en La Vega y con intereses en El Cristo); decidir qué edificios se indultan y qué finalidad se alberga para ellos (tirarlos todos parece un exceso y un derroche); recuperar espacios para la ciudad (abrirlos en La Vega, cerrada a cal y canto) y evitar su conversión en pueblo fantasma; llevar a la práctica todas las decisiones; y hacerlo con escasos recursos públicos, sin iniciativa económica privada que apoye (o interfiera, según se mire) y con la participación activa de la ciudadanía, que tiene pleno derecho a intervenir de la forma más directa posible en este debate. Nadie dijo que fuese fácil.

A muchos parece asustarles este reto y razones hay para ponerse en lo peor, porque entre los infinitos prolegómenos, la indecisión colectiva y el tiempo perdido, el problema ya está aquí, con toda su crudeza. En el caso del traslado del HUCA, hace años que deberían estar definidos los nuevos usos y ya tendría que estar en vigor la modificación del planeamiento urbanístico. En cuanto a La Vega, se veía venir que de la defensa numantina del mantenimiento de la actividad industrial se pasaría a un inevitable cierre de las instalaciones: por mucho que nos duela, tenía toda la lógica económica que la empresa prescindiese de una de las dos fábricas de su municipio. Durante años, sin embargo, ha sido tabú preguntar siquiera qué iba a pasar el día después del abandono por General Dynamics y a quien se ha atrevido a evaluar posibles alternativas se le ha acusado poco menos que de propiciar el cierre.

No obstante, va siendo hora de tomarse en serio, con suficiente determinación y capacidad resolutiva, los retos que afronta la ciudad. Marcarse unos plazos, cuando menos, para poner un límite temporal a la fase deliberativa y de aproximación, y no enredarse con un debate que puede ser eterno. Y, especialmente, que todas las Administraciones pongan las cartas sobre la mesa sobre lo que están dispuestos a hacer y los recursos que están en condiciones de aportar, porque de lo contrario cualquier planteamiento no pasará –como ha sucedido hasta ahora- de bienintencionadas conjeturas. ¿Quiere el Ayuntamiento obtener la cesión de los terrenos de La Vega y está el Ministerio dispuesto a entregarlos sin contraprestación? ¿Está la Universidad -que apenas tiene cuartos para subir la persiana todos los días- verdaderamente interesada en ampliar o unificar espacios en El Cristo? ¿Va a ejercer el Ayuntamiento sus competencias indelegables en materia de planificación urbanística, que es al final de lo que se trata? ¿Quiere el Principado de Asturias dar algún uso en materia de servicios sociales o justicia a algún edificio del antiguo HUCA? ¿Tiene el Ayuntamiento voluntad de dotar de contenidos culturales o de habilitar espacios para el emprendimiento a las naves ociosas de La Vega? ¿Se va a contemplar alguna partida presupuestaria para todo ello? Y sobre todo, ¿va el Ayuntamiento de una vez por todas a adoptar la posición de liderazgo que los ovetenses precisan en este asunto? 

Si de aquí a unos meses quienes tienen que comenzar a responder las preguntas cardinales sobre esta cuestión siguen sus maniobras de distracción, preparémonos para tener durante años parte de la ciudad, en particular el suroeste, como escenario para el rodaje del documental “La vida sin nosotros”. Si la pasividad persiste, no habría que descartar soluciones drásticas del estilo de los grandes parques que propone el experto en economía urbana y regional Fernando Rubiera; unido a una invitación a llevar “La Madreña” a alguno de los edificios sin uso.

Publicado en Asturias Diario, 5 de julio de 2014.

ESPERANZAS DE CAMBIO EN EL PSOE

El PSOE se encuentra en un momento de profunda reflexión, forzado por los resultados electorales, por la crisis de identidad de la socialdemocracia y por los relevos orgánicos y generacionales. El contexto en el que llega a este cruce de caminos es, además, particularmente complicado, con el sistema de democracia representativa en dificultades frente a sus propias contradicciones y hostigado por autoritarismos de diversa índole; con los Estados exhibiendo la insuficiencia de sus medios para revertir la crisis económica y social, sostener políticas públicas consistentes y garantizar oportunidades y derechos a los ciudadanos; y con un escenario global tremendamente convulso en el que los valores que ha defendido la Europa democrática pierden enteros a la par que lo hace su pujanza económica.

Así las cosas parecería casi trivial determinar quiénes son las personas que dan un paso adelante para encabezar el cambio necesario en el PSOE. Pero no lo es tanto si reparamos en que, del acierto del próximo Secretario General al interpretar la situación y promover la renovación interna dependerá que el PSOE recupere la vocación de ser un partido mayoritario, representativo y con vocación de gobierno, o pase a ser un actor político secundario, ocasionalmente con responsabilidades ejecutivas, pero escasamente decisivo. La afiliación del PSOE tiene muy clara la necesidad de compromiso y superación de los errores recientes –el principal, la falta de fidelidad a los propios principios socialdemócratas- para recuperar la credibilidad necesaria; pero aún existe cierto vértigo por los cambios, las incertidumbres del entorno y una resistencia de las estructuras del partido a ser rebasadas por la propia fuerza de una militancia con ganas de un revulsivo.

Creo que Eduardo Madina, más que el resto de las alternativas, está a la altura del reto; y si el imparable deseo de cambio que se vive en el PSOE se manifiesta en el proceso interno que vive este partido, podrá demostrarlo. Es una persona prudente y que ciertamente hasta ahora ha medido sus palabras, pero que es perfectamente capaz de apreciar y reconocer los problemas propios del PSOE, de forma abierta y sincera, a la par que tratando de recoger lo mejor del bagaje de este partido. Ha exhibido serenidad y generosidad su trayectoria personal, en la que no se le ha oído un exabrupto ni una pizca de rencor o mezquindad, de la que tanto abunda en la vida partidaria. Se convirtió a su pesar en un símbolo el 19 de febrero de 2002, cuando fue objeto de un atentado terrorista de ETA que le amputó parte de una pierna, pero en ningún momento ha permitido que el miedo o el odio se infiltren en su pensamiento y práctica política ni ha centrado su trayectoria en su condición de víctima del fanatismo. Cuando ha tenido que echar un pulso para defender principios que considera irrenunciables, lo ha hecho.

El éxito político de Eduardo Madina se debe a su capacidad y su conexión con las personas de mentalidad abierta y progresista; no es casual ni producto de tacticismos propios de la fontanería partidaria. En una parte no poco importante se debe a su presión y sus declaraciones públicas el hecho de que, a pesar de la fuerte confusión inicial, finalmente todos los afiliados del PSOE vayan a poder votar el 13 de julio su preferencia para la Secretaría General, lo que es una conquista innegable. A este respecto, por cierto, el PSOE, a pesar de sus importantes problemas y no sin controversia interna, continúa siendo el partido que abre camino en mecanismos de democratización de los partidos políticos; ya lo hizo en el pasado con las primarias para la elección de candidatos o con la introducción de mecanismos para garantizar la representación igualitaria de sexos.

Eduardo Madina ya ha planteado con claridad los aspectos que guiarán su proceder al frente del PSOE, si obtiene la confianza de la militancia. Quiere un PSOE sólido en las instituciones pero también cercano a los movimientos sociales; dispuesto al debate más amplio que sea necesario sobre el modelo territorial y la forma política del Estado; que tenga en la búsqueda de la justicia social y la igualdad su prioridad; que siga siendo un partido con vocación de articular consensos pero que no se deje llevar ni renuncie a su voluntad de transformación; y, especialmente, que pueda superar sus propias inercias y ataduras internas para desarrollar una forma de participación en los asuntos comunes adecuada a una ciudadanía que no quiere intérpretes ni intermediarios exclusivos en su relación con los poderes públicos, que no otorga cheques en blanco a nadie y con la que el diálogo debe sostenerse en el respeto intelectual y político. Por eso, entre otros motivos, Eduardo Madina, sin caer en ninguna clase de veleidad populista y tratando de rescatar del PSOE sus mejores aportaciones, viene con verdadera pretensión de renovación, sin dependencias ni peajes. Esperemos que aproveche la oportunidad que las circunstancias le brindan y de la que quiere hacerse legítimo merecedor.

Publicado en Asturias24, 24 de junio de 2014.

SUPERAR LA PARADOJA MONÁRQUICA

Admito y respeto que las previsiones constitucionales sobre la sucesión en la Corona se cumplan y que, en su virtud, se haya convertido Felipe de Borbón en el Rey Felipe VI. Es decir, si en 1978, fruto del proceso político de transición de la dictadura a la democracia, se aprobó la Constitución que recoge que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, mientras no se modifique aquella y consecuentemente se defina a España como Estado republicano, el Jefe el Estado seguirá siendo el sucesor de Juan Carlos I que corresponda, que eso es lo que dice el artículo 57 de la norma fundamental. Desde este punto de vista, es prácticamente un acto debido aprobar la ley orgánica que regula la abdicación y, ante la inexplicable ausencia de una ley general que regule esta clase de circunstancias, entiendo que la práctica totalidad de aquellos diputados y senadores del PSOE que afirman tener convicciones republicanas hayan votado favorablemente en las Cortes Generales, sin optar por abstenciones o ausencias simbólicas.

El respeto a la legalidad y a las instituciones no es una cuestión menor cuando la raíz de su construcción es democrática, incluso aunque la opción adoptada fuese convalidar la restauración de la monarquía, dentro de los compromisos que caracterizaron aquel intenso periodo. No es honesto intelectualmente despreciar que en España la elección del sistema monárquico fue acordada mayoritariamente al elaborar la Carta Magna por unas Cortes que devinieron constituyentes (no fueron elegidas estrictamente como tales en 1977) y al dar su respaldo el cuerpo electoral el 6 de diciembre de 1978, siendo además el Rey una figura limitada a cometidos representativos, sin atribuciones sustanciales.

No obstante, hasta aquí puede llegar la comprensión del proceso de sucesión vivido en las últimas semanas, porque cuando del debate sobre la forma del Estado se trata, no hay modo de afrontar racionalmente el cúmulo de asunciones que se dan por sentadas. El hecho de que una dinastía tenga el monopolio de la Jefatura del Estado no se sostiene en un debate neutral, se mire como se mire. Esta exclusiva provoca que los asuntos de familia, siempre llamados al repelente cuchicheo, se conviertan en materia de Estado, hasta tal punto que la propia Constitución contemple que el matrimonio de los sucesores en el trono no puede efectuarse contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales; no vaya a ser que las razones del corazón que la razón no entiende provoquen un conflicto de Estado. Por no hablar del insoportable atavismo que representa la prevalencia del hombre sobre la mujer como discriminación de rango constitucional, añadida a la propia de otorgarle a una estirpe la Jefatura del Estado. Dentro de las heterodoxas consecuencias de la monarquía también está el hecho de que una niña de 8 años esté sometida desde ya mismo al escrutinio público, no en vano, si no le traen un hermanito al mundo ni se produce un cambio en la forma del Estado heredará un día su Jefatura; o sea que a la pobre cría no se le puede ocurrir hacer las tonterías propias de la adolescencia y si las hace tendrán repercusiones políticas, lo que ya es de por sí un absurdo inherente al sistema. Por no hablar del acoso mediático y la intromisión de las multitudes a que jamás se acostumbrará, como ya aparenta su comprensible cara de susto en muchas de las fotografías de los actos de proclamación de su padre. Someter, en definitiva, la Jefatura del Estado a los avatares de toda naturaleza que le sucedan a una familia en concreto y a sus componentes es al fin y a la postre un sinsentido que no conviene perder de vista por muy tradicional y constitucional que actualmente sea. Otras secuelas anómalas del sistema monárquico, más funcionales que de concepto, tienen otro calado mayor, porque a nuestro sistema político le falta una Jefatura de Estado verdaderamente activa como árbitro y moderador de los poderes del Estado, cosa que en una democracia consolidada un Rey no podrá ejercer jamás sin extralimitarse indebidamente, incluso aquel que hipotéticamente esté revestido por su proceder y trayectoria de cierta auctoritas.

Por eso en este contexto histórico, aunque se acate el sistema monárquico y se constate que hasta la fecha no existe un acuerdo de suficiente amplitud para reemplazarlo, es perfectamente legítimo e incluso indispensable poner de relevancia la necesidad de superarlo a corto o medio plazo, promoviendo una reforma constitucional que, entre otros cambios posibles, contemple la forma política republicana, extendiendo el principio democrático hasta la Jefatura del Estado, donde no haya espacio para someter irremediablemente el devenir de las instituciones a los azares personales de cualquier linaje.

Publicado en Fusión Asturias, julio de 2014.